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“No se puede dar una ley con nombre propio porque es inconstitucional”

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Fue lo referido por Francisco Soberón sobre el pedido de indulto para Alberto Fujimori realizado el último viernes.

Francisco Soberón, Director de Aprodeh.

Ante el pedido de indulto humanitario para el ex presidente Alberto Fujimori presentado el último viernes, el representante de la Asociación Pro Derechos Humanos, Francisco Soberón, indicó que esto sería una maniobra del fujimorismo que pretende consagrar impunidad tras tocar las decisiones judiciales que han establecido  la justicia al sancionar a Fujimori por los crímenes de deshumanidad y derechos humanos.

“Hoy en la tarde hemos conocido que no se trata de un indulto común, pues la corte interamericana de San José a dejado establecido que no se puede aplicar el indulto a personas condenadas por crímenes de deshumanidad y también hay una ley que el propio Fujimori firmó por la cual las personas condenadas por secuestro agravado como es su caso no puedan ser favorecidas con el indulto, lo único que queda es la pretensión  del indulto humanitario,” señaló.

Para Soberón, Fujimori y el fujimorismo tienen pretensiones de presionar al gobierno de PPK, que a su vez ha negado cualquier posibilidad de dar el indulto, por lo tanto podría quedar en la cancha del fujimorismo el pretender presentar una ley para modificar las actuales condiciones de cárcel de Fujimori a un arresto domiciliario.

“Yo creo que no debería prosperar esta iniciativa porque sería dar una ley con nombre propio y creo que todos somos iguales ante la ley, no se puede darse una ley con nombre propio porque es inconstitucional y tendría que denunciarse esa ley ante el Tribunal Constitucional,” acotó.

Finalmente ante las especulaciones y reacciones que se han generado, Soberón señaló que en términos de tiempo este gobierno que esta de salida no podría dar el indulto a Fujimori ya que existe un procedimiento  a realizarse lo cual no puede hacerse en uno o dos días por lo tanto ya quedaría como una decisión que tendría que tomar la nueva administración a través de la ministra de justicia designada junto al electo presidente.