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Podrían quejar a juez que concedió prisión preventiva para ex autoridades

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La posibilidad está abierta, dijo el abogado del ex alcalde Luis Torres. Recalcó que Yuri Maquera para dictar prisión preventiva tuvo que hacer el trabajo del Ministerio Público y eso esta prohibido.

Adalberto Guevara Moya, abogado del ex alcalde Luis Torres.

El abogado Adalberto Guevara Moya, quien patrocina a Luis Torres Robledo, confirmó que fue notificado sobre la excarcelación del ex alcalde y consideró que el Ministerio Público incurrió en graves “horrores”.  

“Considero que la sala penal de apelaciones a raíz de los horrores que contenía el requerimiento de prisión preventiva, y que lo ha inducido al órgano jurisdiccional al juez del cuarto despacho de investigación preparatoria, ha visto anular la resolución”.

Recordó que solicitaba que se declare infundado o improcedente el pedido de prisión preventiva porque consideraba que no existían suficientes y graves elementos de convicción, “habíamos acreditado que teníamos domicilio, trabajo y arraigo familiar”, agregó.

Para el abogado el juez Yuri Maquera podría ser objeto de queja debido a que “de alguna u otra manera para poder declarar fundada la prisión preventiva ha tenido que hacer el trabajo del ministerio público y eso por ley no está permitido”.

“Definitivamente todos tienen el derecho de accionar como uno considere, se ha extralimitado en sus funciones”, comentó.

Aclaró que la investigación preparatoria continua a cargo de la fiscalía, lo que cabe es señalar una nueva audiencia de prisión preventiva por otro juez. “Nosotros estaremos atentos al requerimiento que nos tienen que notificar”.

Vladimir Paucar, también abogado de Luis Torres, recalcó que el juez Yuri Maquera era un tercero imparcial en el proceso. “No puede hacer este tipo de resoluciones, la sala superior a corregido ello y es un jalón de orejas para el Misterio Público y para el juez de investigación preparatoria para que reflexione y sepa cuál es su labor”.

Recordó que la labor de Maquera no es ayudar a la fiscalía tampoco a la defensa si no resolver de acuerdo a ley, “y sobre todo es un juez de garantías”.

Además, cuestionó la consigna de “detener para investigar, no es correcto lo contrario, la lógica es pedir una prisión preventiva con pruebas que se aproximen a una condena, no ver en el camino”, dijo.

Por su parte, Cristian Astete, abogado especialista en materia penal, indicó que en la audiencia de prisión preventiva y apelación los vicios procesales eran evidentes, “desde mi punto de vista era más factible que vaya por el lado de la nulidad”.

Recalcó que la fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva y les dieron 18, “había reconducción de la prisión preventiva. Cuando el juez no encontraba los presupuestos para declarar fundado podía reconducir a una medida menos gravosa y se entendía que era una comparecencia simple o con restricciones”.