(Cortesía Perú 21) En medio de las protestas de los congresistas nacionalistas que portaban pancartas, el Pleno del Congreso aprobó con 57 votos a favor, 48 en contra y una abstención el proyecto que suspende la vigencia de los conflictivos decretos legislativos 1090 y 1064, y se le exoneró de segunda votación.
Pese a que inicialmente se preveía que la suspensión sea de 90 días, para abrir un espacio de diálogo que permita discutir un nuevo texto consensuado, lo que aprobó esta tarde la representación nacional no establece un periodo determinado.
Tras la votación la Mesa Directiva dio por concluida la sesión plenaria que arrancó a las 10 de la mañana, pero los nacionalistas, que insisten en la derogatoria del decreto 1090, referido a la ley forestal, se quedaron en el hemiciclo lanzando consignas contra la "alianza aprofujimorista" y contra Unidad Nacional, que fueron los grupos que votaron a favor de la suspensión.
La suspensión del decreto 1090 restituye la vigencia de la Ley 27308, dada durante el fujimorismo. Para los nacionalistas, esto genera un problema jurídico, porque restablece una norma "muerta".
Como se sabe, los decretos 1090 y el 1064 – referido a la identidad cultural y propiedad de la tierra -, son dos de las 10 normas por las cuales los nativos iniciaron hace dos meses protestas en el nororiente y que el último viernes derivaron en actos de violencia en los que murieron al menos 33 personas, entre indígenas y policías.
CRÍTICAS A LA LEY
El Decreto Legislativo 1090 (Ley Forestal y de Fauna Silvestre) fue dictado el 27 de junio de 2008, al amparo de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo para implementar normas en el marco del TLC con EE.UU. Derogó la Ley 27308, dada a fines del gobierno de Fujimori.
El objetivo es regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, en armonía con el interés nacional.
Uno de los principales cuestionamientos de los nativos y expertos es que este decreto no fue sometido a consideración de las comunidades nativas amazónicas, como lo exige el Convenio 169 de la OIT.
Se denuncia que su contenido debilita la institucionalidad forestal al someterla al ámbito de una autoridad creada en el interior del Ministerio de Agricultura.
Se advierte que reduciría los mecanismos de control de la tala ilegal y facilitaría el aprovechamiento y comercio de productos de origen controversial, como los derivados de bosques en protección.
