A pesar que la fiscal María Elena Córdova Salas dispuso la mañana de este jueves que se paralice toda actividad en un predio en disputa, ubicado en el anexo de Cerro Blanco, Calana, entre la empresa minera Jonás 1, cuyo representante es José Luis Zúñiga Iriarte, contra agricultores con título de propiedad y actas de posesión desde 1995, durante la tarde la minera continuó con el movimiento de tierra con maquinaria pesada.
Al lugar se apersonó Guzmán Fernández Delgado, abogado de los agricultores afectados, quien dio cuenta de los hechos a la fiscal Córdova Salas y solicitó la constatación policial. Al poco tiempo llegaron efectivos de la comisaría de Calana, quienes observaron el desplazamiento de maquinaria pesada sobre el terreno en disputa.
“Lo que podemos ver ahora es que la empresa se zurra en la Fiscalía, no respeta a la autoridad. Y si no respeta a la Fiscalía, no respeta a la Policía, entonces menos pues respeta a la población. Esta empresa se ríe de la autoridad, se ríe de la Fiscalía”, manifestó Fernández.
Asimismo, acusó que la empresa minera, al desarrollar el movimiento de tierras y piedras en la zona, contamina cuatro pozos de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento (EPS), ubicada al costado, la cual reserva el agua que es destinada al consumo de las familias de la ciudad de Tacna. También contamina, según dijo, las áreas de cultivo de los agricultores, que después irán a parar a los mercados locales.
En el predio en disputa también observaron a un grupo de trabajadores que serían de la empresa minera Jonás 1 y otro grupo de alrededor de 30 matones, todos impidiendo el paso de los agricultores afectados.
En otro momento, el abogado Fernández adelantó que solicitará a la Contraloría General de la República indagar el proceso de concesión de 200 hectáreas en el anexo de Cerro Blanco, dada en 2010 por el Gobierno Regional de Tacna en favor de la empresa minera Jonás 1.
