Hasta la sede de la Fiscalía anticorrupción de Tacna llegó el gobernador regional, Juan Tonconi para hacer entrega de su teléfono celular, luego que la Fiscalía solicitara la entrega de dichos aparatos a todos los investigados en el caso Los Fariseos de la salud tacneña como parte de las diligencias por presunto delito de colusión agravada en perjuicio de la salud de la comunidad de Tacna debido a irregularidades en el proceso de compra de ventiladores mecánicos y monitores vitales para el proyecto de mejoramiento del hospital Hipólito Unanue.
En el lugar, la defensa del gobernador Tonconi, el abog. Vladimir Somocurcio, señaló que su patrocinado es investigado por conducta de falta de control de personal que no es lo mismo que ser el líder de una organización criminal. “Estamos ofreciendo diligencias que procuren descartar esta hipótesis de la Fiscalía”, indicó el abogado.
“La Fiscalía dice que cuando uno delega competencias tiene que haber un deber de supe vigilancia, que te rindan cuentas y que esto conspira absolutamente con la posibilidad de considerarlo líder de una organización criminal”, explicó el letrado.
La defensa técnica señaló también que se está colaborando con las investigaciones, mencionó que en su momento el gobernador Tonconi destacó que no tenía conocimiento puntual de lo que estaba pasando con las valorizaciones y que recién tomó conocimiento cuando se difundió en las noticias y con el informe de la contraloría.
“Imagínense que un gobernador regional este super vigilando el correcto pago o no de las valorizaciones, para ello existe una distribución de competencias, hay un administrador, un gerente, esos espacios les compete a esas personas”, indicó.
TEMA ADENDA:
Sobre el caso de la “adenda”, el abogado indicó que es inexacta la información de que el gobernador Tonconi sabía que con la firma de una adenda se procedía a pasar con el equipamiento biomédico que también es materia de investigación.
“El tema de la adenda es otra investigación en la cual el gobernador no forma parte, no es imputado, son cosas distintas, los especialistas de la Contraloría determinaron quienes son los presuntos responsables, pudiendo hacerlo, no han detectado ninguna responsabilidad administrativa, penal ni civil sobre el gobernador, en esta supuesta falta de supervisión”, concluyó.
