El condenado ex presidente de la república Alberto Fujimori Fujimori afrontará un nuevo juicio oral a partir del lunes 28 de setiembre. En esta oportunidad la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, que preside César San Martin Castro, lo juzgará por los presuntos delitos de peculado y contra la libertad en la figura de violación del secreto de las comunicaciones (interceptación telefónica).
La Fiscalía Suprema ha formulado acusación señalando que Fujimori ha cometido tales delitos en calidad de autor en los casos "medios de comunicación" (caso del Cable Canal de Noticias y diario Expreso), "congresistas tránsfugas" e "interceptación telefónica".
El fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales ha solicitado que Fujimori sea condenado a una pena de 8 años de prisión y pague una reparación civil de cinco millones de nuevos soles a favor del Estado, y tres millones en forma proporcional a favor de los agraviados por el delito de interceptación telefónica.
En el caso de la Interceptación Telefónica el fiscal supremo, sustenta su denuncia, en el hecho de que con el aval del entonces presidente Fujimori, los organismos de inteligencia realizaron prácticas de interceptación y escucha de conversaciones telefónicas, especialmente de quienes eran rivales políticos -como Javier Pérez de Cuellar- o de personajes incómodos para el régimen.
Según la denuncia el trabajo de transcripción de las conversaciones se realizaba en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) cuyo jefe real era el entonces Vladimiro Montesinos.
En cuanto al caso Medios de Comunicación (Cable Canal de Noticias y Diario Expreso), la denuncia de la Fiscalía señala que Alberto Fujimori haciendo mal uso de su alta jerarquía desarrolló acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación con el propósito de conseguir su reelección y de mantenerse en el poder. Indica, además, que el ex mandatario dispuso de los fondos del Estado para comprar irregularmente Cable Canal de Noticias, cuando postulaba a su tercera reelección presidencial. Según la denuncia por las acciones de Cable Canal de Noticias -CCN- se pagó la suma de US$ 2'000,000, lo que representaba el 75% de las acciones del referido canal. Y en el caso del Diario Expreso fue entregada la suma de US$ 1'750,000 a su propietario, el señor Eduardo Calmell del Solar.
Con relación al caso Congresistas Tránsfugas, la denuncia de la Fiscalía señala que Alberto Fujimori dispuso una operación de reclutamiento de parlamentarios a través del SIN a cambio de millonarias sumas de dinero. Una demostración del nivel de corrupción manejado por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos es el "Vladivideo", que salió a la luz el 14 de setiembre del 2000, en el cual aparece Montesinos Torres entregando dinero al congresista Alberto Kouri para apoyar el régimen de Fujimori.
El Fiscal Supremo Peláez Bardales, ha pedido a la Sala Penal Especial que solicite al Congreso de la República este video para que sea visualizado y analizado durante el juicio oral.
Con respecto a estos casos, la Fiscalía Suprema esta solicitando la concurrencia al acto oral de los agraviados con la interceptación telefónica: Javier Diez Canseco Cisneros, Luz Aurea Sáenz Arana, Fernando Rospigliosi Capurro, Cecilia Valenzuela Valencia, Gustavo Mohme Seminario, Lourdes Flores Nano, Enrique Zileri Gibson, Ángel Páez Salcedo, Alberto Borea Odría y Ricardo Vásquez Suyo.
Está solicitando además la presencia, en calidad de testigos de: Matilde Pinchi Pinchi, Roberto Huamán Ascurra, el ex Jefe del SIN Humberto Rozas Bounucelli, el ex comandante general del EP José Villanueva Ruesta, el ex comandante general de la FAP Elesván Bello Vásquez, el ex comandante general de la Marina Antonio Ibárcena Amico, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres, entre muchas otras personas.
Estos tres casos que han sido acumulados en un solo proceso judicial, son una clara demostración de los métodos criminales que Alberto Fujimori utilizó de manera sistemática para disponer de dineros del Estado a través de una millonaria desviación de fondos, especialmente de las FFAA hacia el Servicio de Inteligencia Nacional y crear con ese dinero un fondo para financiar los actos de corrupción, entre los que se encuentra el pago a congresistas electos para que se pasen a las filas del oficialismo y poder manejar a su gusto el Congreso de la República; la compra de los medios de comunicación para la labor reeleccionista de Alberto Fujimori; y, la interceptación telefónica para tener un control sobre los rivales políticos y otras personas que resultaban incomodas para el régimen.
Por la cantidad y contundencia de las pruebas existentes en el expediente judicial resulta evidente que Alberto Fujimori será nuevamente condenado por la Sala Penal Especial. Frente a esta evidencia en los siguientes días tomaremos conocimiento de la estrategia legal que la defensa de Fujimori utilice para enfrentar los cargos.
En realidad la inminente posibilidad de que los personajes que participaron activamente en la ejecución de graves delitos de corrupción de funcionarios durante el fujimorato desfilen como testigos de los crímenes que ordenó el ex presidente no es un escenario político que hoy le convenga al fujimorismo y especialmente a su hija Keiko, la candidata "natural" de esa agrupación.
Ante ello el procedimiento de la conclusión anticipada aparece como un mecanismo al que la defensa puede terminar recurriendo en la primera sesión. Mediante este recurso se pone fin al proceso de manera rápida, logrando con esto que no se haga público el conjunto de actos cometidos por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori; y sobre todo que no se conozca, por versión de los testigos, todo lo que hicieron para lograr su cometido.
La Sala Penal Especial además del doctor San Martin Castro, que preside la sala, esta integrada por los vocales supremos doctores Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo, vocal que se reintegra al colegiado.
(Cortesía: Ideeleradio)
