La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) expresa su satisfacción por la ratificación unánime, de la sentencia que condena a Alberto Fujimori Fujimori, a 25 años de pena privativa de la libertad, por su responsabilidad en los casos Barrios Altos, La Cantuta y Sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército (en agravio de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer).
En esta condena se reconoce que durante el gobierno de Fujimori se produjeron violaciones a los derechos humanos que obedecieron a una política antisubversiva de "guerra sucia", paralela a la oficial, para la cual el ex presidente erigió un aparato organizado de poder basado en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), que controlaba a través de su asesor Vladimiro Montesinos. A la cabeza de esa estructura, Fujimori tomaba decisiones.
Se ha confirmado que el cumplimiento de esta estrategia antisubversiva violatoria de los derechos humanos quedó a cargo de un comando de aniquilamiento, el destacamento Colina, que era el eslabón ejecutor de la estructura de poder liderada por Fujimori. A dicha agrupación se le atribuye por lo menos 50 crímenes cometidos entre los años 1991 y 1992, entre ellos, la desaparición de campesinos de Santa, Ancash; el asesinato de la familia Ventocilla en Huaral; la desaparición del periodista Pedro Yauri en Huacho; el asesinato de pobladores de Caraqueño, Pativilca y la desaparición del joven Santiago Gómez Palomino.
En relación a los delitos de lesa humanidad, la sentencia establece que "los hechos delictivos, en especial los actos de asesinato y lesiones graves, se adecúan plenamente a los presupuestos que configuran el delito de lesa humanidad. Dichos actos, además que trascienden el ámbito de la ejecución individual, se han configurado en el marco de una política estatal de eliminación sistemática de presuntos integrantes de organizaciones terroristas…".
Asimismo, la sentencia señala que " se ha probado que el sentenciado Alberto Fujimori es responsable como autor mediato de la comisión del delito de asesinato, bajo la circunstancia agravada de alevosía y del delito de lesiones graves, por los hechos sucedidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, existiendo prueba indiciaria de cargo suficiente que permite llegar a dicha conclusión, desvirtuándose esa manera (la presunción de inocencia)".
Los hechos materia del proceso fuero objeto de investigación y sentencia en otras instancias de justicia nacionales e internacionales. Primero, con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001, por el caso Barrios Altos, y en el 2006, por el caso La Cantuta, ambas responsabilizando al estado peruano (en ese tiempo gobernado por Alberto Fujimori) por dichos crímenes; luego, el fallo de la justicia chilena que, en setiembre de 2007, dispuso la extradición de Fujimori tras considerar suficientes los elementos de prueba de la comisión de los delitos de lesa humanidad, por parte del acusado, en los casos Barrios Altos y La Cantuta, así como el secuestro agravado en el caso Sótanos del SIE. En el plano nacional tenemos la sentencia en primera instancia emitida por la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, presidida por el doctor César San Martín, quien en abril de 2009 condenó a Fujimori por crímenes de Estado y de lesa humanidad; finalmente, el 3 de enero de 2010, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, última y definitiva instancia presidida por el doctor Duberlí Rodríguez, ratificó dicho fallo.
Este hecho constituye un triunfo para la justicia peruana y marca un importante hito para la justicia universal ya que la sentencia es irrevocable e inapelable. Es además el fin de un largo proceso iniciado el año 1992, que tuvo momentos álgidos durante el mismo gobierno de Fujimori con las leyes de amnistía para el grupo Colina, además de la persecución y amenazas al movimiento de derechos humanos; y, posteriormente, durante la etapa de extradición en Japón y luego en Chile, que demandó un arduo trabajo en conjunto con diversas organizaciones nacionales e internacionales.
Entre ellas, es importante destacar la solidaridad y acompañamiento permanente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Center for Justice and Accountability (CJA), Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional, entre otras organizaciones japonesas como Peace Boat y la Red Solidaridad para la Democratización del Perú (RESODEP), así como el trabajo del Profesor Kazuo Ohgushi y de organismos chilenos como la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC).
También debe mencionarse el aporte de reconocidas instituciones académicas que presentaron Informes de Derecho, entre ellas, las Clínicas Jurídicas de la Universidad George Washington (EEUU), Universidad de Yale (EEUU), Universidad de Texas (EEUU) y la Pontificia Universidad Católica del Perú, así como al Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) y De Justicia (Colombia).
La persistente lucha de cada uno de los familiares de los casos Barrios Altos y La Cantuta, su inquebrantable fortaleza y voluntad, han sido el motor de este proceso. Su esfuerzo no fue en vano y hoy, junto a los abogados y defensores de derechos humanos que los acompañaron con compromiso y dedicación en todo este tiempo, proclamamos este triunfo de la justicia como una reivindicación a la memoria de sus seres queridos, como afirmación de los valores democráticos y como aliento y respaldo para el movimiento de derechos humanos y los retos que tiene por delante. Este triunfo colectivo es un ejemplo y un aliento para la democracia y el Estado de derecho, así como para la demanda pendiente por verdad y justicia para las miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en nuestro país y en el mundo entero.
