Francisco Soberón Garrido, Presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, calificó de un retroceso dentro de la política penitenciaria, la reapertura del penal de Challapalca.
Para el defensor de los derechos humanos, esta infraestructura carcelaria no viola únicamente los derechos de los presidiarios, sino que además atenta contra la vida y la salud del personal del Instituto Nacional Penitenciario y de los efectivos de la Policía Nacional que prestarían servicio en este reclusorio.
"Este anuncio es algo que debe ser reconsiderado por el gobierno para no cometer un retroceso en los que es la política penitenciaria", dijo Soberón.
Además añadió que en el 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó al estado peruano la clausura inmediata y definitiva de este penal, existiendo incluso un fallo del tribunal constitucional.
Soberón también coincidió con quienes aseguran que el traslado de reos de alta peligrosidad a este penal, acarrearía el traslado de gente de mal vivir hasta esta zona sur del país.
