El Pleno del Congreso aprobó anoche conformar una comisión investigadora que se encargue de indagar los hechos referidos a la eliminación de archivos digitales almacenados en dos dispositivos USB, incautados a la ejecutiva de la empresa Business Track (BTR), Gisella Gianotti.
La moción fue aprobada con 46 votos a favor y dos abstenciones, después de un cuarto intermedio de diez minutos.
La votación recayó en tres mociones: una para que la investigación sea realizada por una comisión investigadora, la segunda para que sea la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la que investigue el hecho; y la tercera para que sea la Comisión de Fiscalización y Contraloría.
Durante el debate previo el presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Rolando Sousa (GPF) pidió facultades de Comisión Investigadora; lo propio hizo el presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, José Vega (UPP)
Por su lado, las bancadas Alianza Parlamentaria y Grupo Parlamentario Nacionalista, cada una por su lado, pidieron la formación de una Comisión Investigadora.
Inicialmente, fueron presentadas cuatro mociones, las que se admitieron a debate en forma unánime, por 77 votos.
Durante el debate los congresistas, Karina Beteta (UPP), Rafael Yamashiro (UN) y Aldo Estrada (UPP), pidieron la unificación de las comisiones para hacerse cargo de las indagaciones sobre el caso.
Sousa Huanambal sostuvo que la comisión que encabeza debía recibir el encargo del Pleno porque a este grupo de trabajo les rige el principio de la especialidad.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Fiscalización, José Vega, retrucó estos argumentos y señaló que su grupo de trabajo era el llamado a responsabilizarse de la investigación.
El congresista Jorge del Castillo (PAP), pidió que el caso se investigue pero en forma correcta, y sostuvo no tener temor a cualquier indagación.
Afirmó que gran parte de los ataques y acusaciones que se realizan se basan en la afirmación de Rómulo León, quien señala que el 11 de febrero se habría reunido con él, lo cual es falso porque en esa fecha estuvo en Tarapoto, como lo puede probar.
Dijo, además, que en este caso existió adelanto de opinión por parte del presidente de la Comisión de Justicia, quien lo ha acusado de diversos cargos y responsabilidades, sin imparcialidad.
"Lo que hay acá es un interés subalterno que tiene el fin de que se caiga el conjunto de la investigación. El Apra no acepta prepotencias, ni busca que se pase por agua tibia cualquier investigación, pide una investigación a fondo pero independiente, dirigida por un congresista idóneo, que no haya adelantado opinión", expresó.
Wílder Calderón (PAP) se solidarizó con Del castillo Gálvez y sostuvo que existe un afán de hacerle daño.
Sus colegas de bancada Luis Wilson y Alejandro Rebaza se pronunciaron porque se encargue el caso a la Comisión de Fiscalización y no a la de Justicia por las acusaciones existentes a su presidente, Sousa Huanambal.
Cortesía: Andina
