Insatisfacción casi generalizada causaron los informes presentados el miércoles 28 por funcionarios del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría en relación con graves irregularidades en la venta de un terreno en Chilca. Entre tanto, se denunció que en esa localidad se ha vendido de todo, hasta la sede municipal, y nadie posee título alguno.
Ese es el balance de la presentación de dos funcionarios del indicado ente estatal a propósito de una operación venta que se habría hecho, en forma indebida, de un terreno de 300 mil metros cuadrados a favor de una persona identificada como Oscar Chauca Navarro, ex diputado nacional entre los años 1990 y 1992, además de otras personas.
A la sesión, presidida por el congresista José Vega Antonio (UPP), también acudió el ex titular de Cofopri, Omar Quesada Martínez.
Tan grave resultó el caso que el congresista Mauricio Mulder Bedoya (PAP) adelantó que su bancada apoyará una solicitud al Pleno del Congreso a fin de que se conceda a la comisión facultades de comisión investigadora a efectos de que el caso sea esclarecido totalmente.
Lourdes Alcorta Suero (UN), a su vez, dijo que el asunto evidenciaba la consumación de un caso "y un escándalo más de corrupción" en el presente gobierno, lo cual era necesario aclarar. Se mostró indignada por esos hechos, al igual que su colega Fabiola Morales Castillo (AN), quien expresó que el caso debería de ser investigado a fondo para que se establezca las responsabilidades correspondientes,
El presidente José Vega anotó que no se descarta la posibilidad de que se plantee propuestas de orden legal para lograr que se garantice una eficiente labor del Cofopri y su mejor rol en el proceso de formalización y titulación de bienes inmuebles en el país.
RESPONSABILIDAD
Conforme destacaron la congresista Morales Castillo y el presidente de la comisión, el Parlamento Nacional había asumido, de ese modo, su responsabilidad frente a la denuncia de un nuevo caso de corrupción en el país. Indicaron que varios de los legisladores miembros de la comisión habían suspendido momentáneamente sus funciones de representación para estar presentes en la sesión en la que se abordó esos hechos considerados un nuevo caso de corrupción en el país.
A la sesión acudieron a informar el alcalde de Chilca, Pablo Nalda Quiroz; Julio Calderón Rodríguez, secretario general de Cofopri; y Hernando Hidalgo Díaz, jefe de la Oficina Zonal de Lima-Callao.
Fue el alcalde Nalda quien denunció que hace siete años se trafica ilegalmente terrenos en Chilca sin que ninguna autoridad haya tomado cartas en el asunto. Dijo que, ante esa situación, hace dos años y medio se reunió con el entonces ministro de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo Ramírez, quien le garantizó que el tema sería enfrentado.
Añadió que también puso el caso en conocimiento del Presidente de la República, quien encargó a Omar Quesada, presidente de Cofopri, a constituirse en Chilca de manera que se tomase cartas en el asunto.
"En Chilca se ha vendido de todo: el local municipal, las iglesias, propiedades del Ejército y hasta los cementerios", denunció el burgomaestre. Agregó que en ese tráfico de tierras juegan rol protagónico las comunidades campesinas de la costa que precisamente han tenido participación en esas ventas ilegales.
"En Chilca no hay titulación para nadie. Esto seguirá así y no es responsabilidad solo de las actuales autoridades sino que viene de mucho tiempo atrás", precisó el alcalde. Opinó que se debería de aprobar una ley para eliminar a las comunidades campesinas de la costa que perpetran esos delitos, según sostuvo.
Los funcionarios de Cofopri, Julio Calderón Rodríguez y Hernando Hidalgo Díaz, tuvieron poca fortuna a en sus intervenciones. No fueron convincentes al referirse a temas como la calificación de los expedientes y hasta la desaparición del expediente relacionado con la venta de las 300 hectáreas a Chauca Navarro.
"Vengo a dar la cara. Nunca había sucedido esto en la institución. Los exhorto, señores parlamentarios, a que se investigue exhaustivamente mi labor en Cofopri", dijo Hidalgo Ruiz ante los serios cuestionamientos de negligencia y hasta falta de voluntad para informar a la comisión que exhibió, como lo expresó el congresista Pedro Santos Carpio (GPN).
Las congresistas Lourdes Alcorta y Fabiola Morales fueron particularmente duras cuando se trató acerca de la desaparición del expediente de la cuestionada venta del terreno, motivo de la denuncia.
Igualmente inconsistentes fueron consideradas las expresiones de Julio Calderón, quien dijo que había denunciado por difamación a Hernando Hidalgo porque lo habría incriminado en un documento según el cual él autorizó a que se realizara una inspección ocular en los terrenos materia de la cuestionada venta.
