El alcalde Julio Medina afronta un proceso por abuso de autoridad al cesar a Sandra Alarcón Varillas del cargo de procuradora pública cuando tal atribución dejó de ser competencia municipal y regional correspondiendo desde el 6 de marzo de 2022 a Procuraduría General del Estado (PGE). Es así que, fue declarada fundada la demanda de acción de amparo que emprendió la referida siendo ahora mandato judicial que sea repuesta antes de finalizar diciembre tras ser notificada la autoridad el 21 de diciembre siendo otorgado cinco días de plazo para acatar tal disposición.
«La próxima semana tendría que dejar sin efecto y declarar la nulidad de la resolución 563 mediante la cual me cesa y restituirme en el cargo, pero como han escuchado las declaraciones del alcalde Julio Medina Castro, no tiene la más mínima intensión de dar el cumplimiento al mandato judicial (…)«, expresó la abogada.
«Él está desobedeciendo un mandato judicial (…) el juez en su parte resolutiva ha puesto, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento es decir, multas, denuncias, pero ¿Quién paga las multas? no la paga el señor Medina, la paga la municipalidad», agregó al referirse a la apelación anunciada por el burgomaestre.
Según Alarcón Varillas, fue sacada del cargo por ser incomoda a la gestión Medina al denunciar irregularidad en la subasta de tres terrenos en febrero de este año, hecho por el cual – como se recuerda- el Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delito de Corrupción de Funcionarios abrió investigación preliminar contra el burgomaestre, el exsubgerente de Bienes Patrimoniales y los que resulten responsables por el presunto delito de negociación incompatible.
La exprocuradora además reveló que Medina en su afán de no acatar incluso una invocación de la misma titular de la PGE terminó colgándole el teléfono faltando así el respeto a la institución de Estado. Siendo así Alarcón dijo confiar en que el alcalde electo Pascual Guisa haga cumplir el mandato judicial reponiéndola en el cargo dado que hay expedientes pendientes por resolver, entre estos los de la subasta.
Días atrás se conoció que la gestión Medina dispuso el uso del dinero producto de la subasta para el pago de pactos colectivos retrasados con personal edil. Al respecto, Alarcón afirmó que tal acción es ilegal dado que los montos en cuenta municipal son intangible al existir una investigación fiscal en curso.
Cabe mencionar que, el cargo de procuradora en la MPT lo desempeña Cristina Paco Gutiérrez contra quien también Alarcón Varillas inició acciones legales por usurpación de funciones.
«A mí me notifican el día 20 y la doctora Paco se apersona a los procesos el día 19», justificó la abogada agregado además que, cámaras de su vivienda captaron cuando personal edil dejaban la notificación el referido día 20.
