El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, parece dispuesto a controlar todos los espacios de poder. La destitución irregular de cinco alcaldes y una decena de vicealcaldes y concejales electos ha encendido las alarmas en este país centroamericano. Se trata, según los analistas, de una maniobra para hacerse con el control político y garantizar la permanencia en el Gobierno del ex guerrillero sandinista.
La destitución más reciente ocurrió en Boaco, bastión opositor y capital de una próspera provincia ganadera a 80 kilómetros al noreste de Managua. El Concejo Municipal de la ciudad, con el voto de cinco concejales sandinistas y un liberal, decidió destituir al alcalde liberal Hugo Barquero, argumentando malos manejos en la administración municipal, pero sin presentar informes ni pruebas que lo demostraran. Barquero negó las acusaciones y dijo que detrás de su expulsión había razones políticas: el alcalde denunció presiones del oficialista Frente Sandinista para que apoyara la reelección del presidente Ortega. Al negarse, dijo, el FSLN ordenó su destitución.
Barquero no la aceptó, y junto a una veintena de funcionarios leales se atrincheró durante una semana en el Palacio Municipal. El alcalde contó con el apoyo de los vecinos de Boaco, que organizaron vigilias, plantones y manifestaciones contra la destitución, sumiendo a la tradicionalmente tranquila ciudad ganadera en una crisis política que se saldó con la entrada de las fuerzas antidisturbios, que expulsaron con violencia al alcalde y sus seguidores del ayuntamiento. El hecho fue catalogado por la oposición como un golpe de Estado a la autonomía de las provincias.
Barquero se unió así a una decena de funcionarios municipales (incluidos políticos del Frente Sandinista) que han sido castigados con humillantes destituciones por no ceder a las presiones del Ejecutivo. El caso más sonado fue el del ahora ex alcalde Roberto Somoza, de Ciudad Sandino, municipio vecino a Managua. Somoza dijo que su destitución respondía a una "conspiración" tramada por miembros del Frente Sandinista, ya que él no se había plegado a las exigencias del partido.
Para el sociólogo Manuel Ortega, catedrático de la Universidad Centroamericana, la destitución de estos alcaldes responde al proyecto del Ejecutivo de controlar todos los resortes del poder en Nicaragua. "El Gobierno ha venido haciéndose con todas las instancias para lograr un control absoluto. El FSLN concibe el ejercicio del poder más como coerción que como persuasión y consenso. Pareciera no interesarle la legitimidad de su dominación", explica el catedrático. "La estrategia del Frente Sandinista es poner todas las fuerzas, instituciones gubernamentales y recursos en función de la reelección de Ortega".
Esa es también la opinión de Eduardo Montealegre, diputado y líder de los liberales. El control de las alcaldías gobernadas por la oposición o por sandinistas desafectos, dice Montealegre, forma parte del plan para imponer un nuevo mandato presidencial en 2011. Algo que niega el jefe del grupo parlamentario sandinista, Edwin Castro, que insiste en que el Ejecutivo y su partido son respetuosos de la autonomía municipal.
Para el analista Roberto Orozco, investigador del Instituto de Estudios Estratégico y Políticas Públicas (IEEPP), lo preocupante de las destituciones, además de la violación a las leyes, es el manejo político que Ortega ha hecho de la Policía Nacional, institución que hasta hace poco era una de las mejor valoradas del país. Han sido oficiales de la policía los que han ido desalojando a la fuerza a los alcaldes, cumpliendo órdenes no de la jefa de la Policía Nacional, Aminta Granera, sino directamente del presidente Ortega, explica Orozco.
"Ya no podemos hablar ni siquiera de señales, sino de un claro sesgo político en la gestión institucional de la Policía. En Boaco no estaba mandando Granera. Ella parece quedar en un mero discurso. Fue una decisión política. La orden la dio un mando superior, que es Daniel Ortega", dice Orozco. El mismo alcalde Barquero denunció la manipulación política de las fuerzas del orden. "La Policía está a las órdenes del FSLN. No confío en Aminta Granera. Ella no asume la responsabilidad real de cuidar al pueblo", dijo.
El pasado miércoles, el alcalde Barquero encabezó una marcha en la que miles de personas recorrieron la ciudad en repudio del "golpe de Estado" en Boaco, única capital provincial no gobernada por sandinistas. En la manifestación, Barquero hizo un llamamiento a plantar cara al avasallamiento de las instituciones por parte de Ortega. "Boaco encendió la mecha de la paz y la democracia y tenemos que seguir alimentándola. Tenemos que continuar esta lucha. El de la institucionalidad es el único camino que debemos tomar", dijo el alcalde.
Cortesía: El País
