La Contraloría General desplegó un equipo de auditores con el propósito de brindar apoyo y supervisar las acciones de respuesta llevadas a cabo por la Municipalidad Distrital de Ubinas y el Gobierno Regional de Moquegua ante el reciente proceso eruptivo del volcán situado en la provincia General Sánchez Cerro.
El gerente regional de control Moquegua, César Justo Gómez, confirmó a Radio Uno que en la visita realizada pudo constatar que los albergues de Siraguaya destinados a refugiar a población de Ubinas no cuenta con servicios básicos siendo esto de suma preocupación dado el inminente peligro existente en el sector.
«Se ha identificado lamentablemente que no se cuenta con sistema de agua, el sistema de biodigestores tampoco están en funcionamiento, hecho que ya han sido comentado y esperemos que se tome las medidas correctivas por parte de la máxima autoridad aquí en Moquegua», indicó al mismo tiempo de precisar que «es el Gore de Moquegua que tiene la competencia».
Mencionar que lo constatado por Contraloría era advertido por la comunidad de Ubinas que expresó su negativa a ocupar refugios por no contar con servicios para subsistir.
A la vez, destacó que las acciones desplegadas ponen especial énfasis en asegurar un uso adecuado de los recursos públicos, especialmente después de la declaración de emergencia por parte del gobierno central, la cual tiene una duración de 60 días.
INFORMES PUBLICADOS
El año pasado, la Contraloría General detectó irregularidades en el contrato de electrificación para los módulos destinados a los afectados por la erupción del volcán Ubinas en el año 2019. Este caso reveló presunta responsabilidad penal por parte de tres exservidores del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Energía y Minas.
También se hallaron irregularidades en la construcción de un reservorio de uso agrícola para los pobladores reasentados del volcán Ubinas hacia el sector de Pampas de Jaguay en Moquegua, en el poblado denominado Nueva Querapi. Allí se hallaron deficiencias en el reservorio de 10 mil m3, como grietas, asentamientos y filtraciones que significaron un perjuicio superior a S/ 1.5 millones.
Las acciones que ahora despliega la Contraloría, tienen como finalidad evitar cualquier tipo de mal uso de los recursos públicos y propiciar el cumplimiento de su finalidad pública.
