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CONMUTAN PENA A 51 INTERNOS PERUANOS Y EXTRANJEROS SENTENCIADOS EN DIFERENTES PENALES DEL PAÍS

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 El poder Ejecutivo dispuso, mediante dos resoluciones supremas, la conmutación de la pena a 51 internos, peruanos y extranjeros sentenciados, varones y mujeres, de diversos establecimientos penitenciarios del país.

Según publica el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, el otorgamiento de este beneficio cumple con las condiciones de progresión en el tratamiento penitenciario de los solicitantes, corroboradas con los informes emitidos por los profesionales competentes.

En ese sentido, los internos peruanos que accedieron a este beneficio cumplen condena en los establecimientos penitenciarios de Lurigancho (4), Callao (4) , Chorrillos I (2), Chorrillos II (1), Lima (1), Castro Castro (1), Piura (6), Huánuco (1) y Moquegua (1).

Asimismo, en los penales de Cerro de Pasco (2), Huancayo (1), Tacna (1), así como los Establecimientos Penitencarios de Penas Limitativas de Derechos de Asistencia Post Penitenciaria de Zárate (2), Cono Norte (6), Chorrillos (5) y Surquillo (3).

La parte considerativa agrega que las solicitudes presentadas cuentan con recomendación favorable de la Comisión de  Gracias Presidenciales.

Extranjeros

En tanto, otra resolución suprema dispuso la conmutación de la pena de 10 internos extranjeros de los penales de San Juan de Lurigancho (1), Callao (5), Chorrillos I (1), Virgen de Fatima (1) y Cañete (2).

Los extranjeros cumplieron con las condiciones de progresión en el tratamiento penitenciario de los internos, corroboradas con los informes emitidos por los profesionales competentes.

El dispositivo añade que estos internos deberán ser expulsados del territorio nacional, quedando impedidos de ingresar nuevamente al país.

Para tal fin, les otorga un plazo improrrogable de 30 días, contados a partir del momento en que los solicitantes recuperen su libertad, para que cumplan con abandonar el país, disponiendo que el Ministerio del Interior ejecute las acciones para el cumplimiento de la referida resolución.

Ambas resoluciones supremas cuentan con las rúbricas del presidente de la República, Alan García Pérez y de la ministra de Justicia, Rosario Fernández Figueroa.

Cortesía: Andina