El equipo especial de la Policía y de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder inició una megaoperación que implica a la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides; tres asesores suyos; el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez; y congresistas de la República. El caso fue denominado como Operación Valquiria 5.
Las autoridades desplegaron 70 agentes del equipo especial de la Policía, así como 6 de la Fiscalía y la intervención de inmuebles en los distritos de La Molina, Jesús María, El Agustino y el Cercado de Lima.
La tesis policial – fiscal “advierte suficientes indicios que hace presumir la existencia de una presunta organización criminal enquistada en la alta dirección del Ministerio Público”, difundió este lunes 27 Canal N.
La investigación sostiene que esta “cúpula delictiva”, instaurada en la alta dirección del Ministerio Público, tuvo como objetivo evitar que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituya a Marita Barreto como fiscal de la Nación a cambio de presuntamente archivar denuncias contra congresistas.
“Quienes habían instrumentalizando el poder constitucional del monopolio de la persecución penal para beneficio propio, influyendo ilícitamente en decisiones discrecionales de Congresistas de la República para que estos mediante un procedimiento constitucional aprueben la remoción de los titulares la Junta Nacional de Justicia quien investiga a la titular del Ministerio Público y así evitar su destitución”, narra la investigación.
Las pesquisas señalan que Abel Hurtado Espinoza, Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao Isidro, asesores de la fiscal de la Nación, habrían intercedio por ella ante congresistas de la República.
“Dando como contraprestación a esa negociación ilícita la decisión de archivamiento de una investigación de carácter penal por presuntos actos de corrupción a sendos Congresistas de la República; estableciendo un programa criminal para abrir un camino a la permanencia de esta cúpula delictiva en la alta dirección administrativa y funcional del Ministerio Público”, agrega.
NOMBRAMIENTO DE JOSUÉ GUTIÉRREZ COMO DEFENSOR DEL PUEBLO
Las indagaciones además señalan que habría habido un acuerdo para la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, pues ante la destitución de la JNJ, este alto funcionario presidiría una junta especial para designar a los nuevos integrantes de este órgano fiscalizador.
“En la ruta ilícita también influyeron en la decisión parlamentaria del nombramiento del actual defensor del Pueblo, que constitucionalmente es quien preside una eventual comisión especial de selección de la Junta Nacional de Justicia”, narra las investigaciones.
También indica que bajo esta figura se habría promovido “ilícitamente la inhabilitación” de Zoraida Ávalos como fiscal de la Nación en el Congreso de la República.
“Han promovido ilícitamente la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, quien potencialmente podría ser la sucesora de la máxima autoridad del Ministerio Público, ello mediante un proceso constitucional en el Congreso de la República”, indica.
Agrega que “influyendo en las decisiones de sendos parlamentarios y como contraprestación estos se vean favorecidos en las investigaciones pendientes de resolución en la Fiscalía de la Nación, acciones que se desplegaron una tras otra como parte del programa criminal para permanecer en el más alto cargo público y desde ahí someter la institucionalidad del Ministerio Público”.
