La Fiscalía de la Nación por intermedio del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, en mérito a las declaraciones de Jaime Villanueva del 24 y 30 enero de 2024, decidió iniciar una investigación preliminar contra los fiscales Pablo Sánchez y Patricia Benavides.
Adicional a ello, esta medida también alcanza a Vladimir Cerrón, Ruth Luque, Rafael Vela, Marco Huamán, entre otros. En total son ocho los funcionarios públicos que se están viendo envueltos en diversos delitos en agravio del Estado. Para el Ministerio Público, existiría motivos suficientes para empezar con las averiguaciones correspondientes tras lo dicho por el ex asesor de Benavides.
Se abre investigación contra los siguientes funcionarios:
- Patricia Benavides como presunta autora del delito contra la administración pública – tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.
- Pablo Sánchez, como presunto autor del delito contra la administración pública – tráfico de influencias agravado y cohecho activo específico.
- Ruth Luque, como presunta instigadora del delito de tráfico de influencias agravada.
- Pablo Talavera, como presunto autor del delito contra la administración pública cohecho activo específico.
- Rafael Vela, como presunto autor del delito contra la administración pública – tráfico de influencias agravado.
- Vladimir Cerrón, como presunto instigador del delito contra la administración pública – tráfico de influencias agravado.
- Marco Huamán, como presunto autor del delito contra la administración pública – cohecho pasivo específico y cómplice primario del delito de cohecho activo especifico.
- Miguel Ángel Girao, como presunto autor del delito contra la administración pública – tráfico de influencias agravado.
Asimismo, se informa que, en otra carpeta fiscal, se inició Indagaciones previas por otros hechos señalados por Jaime Javier Villanueva Barreto, en contra de Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, Zoraida Avalos Rivera, Juan Carrasco Millones y otras personas, ello a fin de determinar si puede existir una imputación concreta que permita iniciar diligencias preliminares.
