El tercer juzgado de investigación preparatoria dirigido por la magistrada Sonia Marín Valdivia dictó 18 meses de prisión preventiva para dos de tres policías imputados en el caso Los pulpos de Gregorio Albarracín, resolviendo así enviar al centro penitenciario de Pocollay hasta el 12 de agosto de 2025 a los suboficiales Anthony Michael Huerta Velazco (40) y Jhon Erald Clemente Velásquez (26), investigados por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Agregado para Clemente Velásquez en concurso real con el delito de uso de documento público falso.
La adjudicatura consideró que los arraigos laboral, familiar y domicilio no eran de calidad. Como se recuerda, el fiscal Ludwing Flores un día antes advirtió que incluso el imputado Huerta Velazco vía defensa legal presentó certificado laboral como “supervisor de antena de radio de comunicación de Radio RCC”, no obstante “la defensa no justificó capacitación o qué especialidad tiene para cumplir esa función, además que la propia constancia dice que es temporal y que esta es emitida por el suegro del imputado». Así, tampoco fue sustentado que su pareja no pueda ser sustento del hogar y – según la magistrada- decir que no puede hacerse cargo «indicaría estereotipo de genero». En cuanto a Clemente Velásquez, que alegaba ser sustento de su madre con cáncer, la defensa no sustento que él era la única fuente de pensión, además que el abogado (Rolando Prado) no supo responder si su cliente tenía hermanos o no.
En tanto, la magistrada declaró infundado el requerimiento de prisión de 18 meses para el capitán de la PNP, oficial Robert Hernán Peralta Villena (31), investigado en calidad de autor por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial. Siendo dictando comparecencia con restricciones e impedido de salida del país, no ausentarse de su puesto de comisario de la localidad de Acarí en la provincia Caravelí, región de Arequipa a donde fue cambiado durante el 2024, además de otras reglas de conducta que deberá acatar.
La magistrada destacó que Fiscalía antes de pedir prisión preventiva para el imputado Peralta debió acreditar con pericia grafotécnica documentos que postulaba contra el referido. Y es que, la defensa sustentó en contraste con ficha Reniec la falsificación de firma en acta de entrega de vehículo a conductor sancionado, generando – según la magistrada- que no haya nivel de sospecha fuerte, pues claramente «es una firma totalmente diferente a la vista (…) ni siquiera son similares». Y «señalar que se tiene que realizar una pericia grafotécnica, ese mas bien es trabajo del Ministerio Público, debió hacerlo a criterio de la magistrada, antes de solicitar el requerimiento de prisión preventiva porque han tenido suficiente plazo para hacerlo; sin embargo no lo han hecho», dijo.
Además, indicó que la obstaculización fue postulada por Fiscalía como un «latente peligro» cuando esta debe ser acreditada.
