Con video en mano, el consejero regional Pablo Huacasi demostró esta mañana, parte de los actos de corrupción cometidos durante la gestión del ex presidente Regional Hugo Ordóñez Salazar, quien no solo engañó a los vecinos de la asociación de vivienda “Río Abajo” y del Fundo Para, entregándoles actas de posesión sin ningún valor, sino que aprovechó la actividad para hacer campaña en beneficio de su hija, quien postulaba al congreso.
En las imágenes que fueron grabadas a las 8:00 de la noche del 30 de diciembre del 2010 y difundidas hoy, Ordóñez se dirige a los asistentes, poco antes de entregar cerca de 400 actas de posesión al “Fundo Para” (a las que llama títulos de propiedad) y 28 actas a la asociación “Río Abajo”. Claramente alienta a los pobladores a votar por la ex candidata congresal Melina Ordóñez, en una actividad netamente del Gobierno Regional.
Además aparece el ex director ejecutivo de la Oficina de Administración de Bienes Inmuebles (ORABI), Reynaldo Zegarra Lévano; explicándoles porque no se tramitaron las actas individualmente y asegurándoles que “no va haber ningún problema” ante el reclamo de algunos dirigentes que exigían una respuesta luego que descubrieran la inexistencia de un documento en el expediente.
Según explicó Pablo Huacasi, el proceso que concluyó con la entrega de las actas de adjudicación no tiene ningún valor, debido a que no existe el acta de constatación en los libros del Juez de Paz del Centro Poblado Leguía.
“El 18 de noviembre del año 2010 el señor Daniel Pacheco le solicita al juez de paz que le entregue una copia certificada del acta de constatación de fecha 20 de mayo de 2010 expedida al dirigente don Quintín Lucho Linares, sin embargo el juzgado respondió que dicha constancia no obra en ese juzgado (…) ¿Qué ha sucedido?, ¿De dónde ha aparecido?,” cuestionó.
Asimismo refirió que Hugo Ordóñez fue advertido de este hecho, a través de un documento enviado por un dirigente que ya había solicitado una copia de la constatación. Sin embargo no hizo nada al respecto.
Por ello anunció que será denunciado junto a los funcionarios que se encuentren involucrados, por el delito contra la fe pública, que sanciona a los responsables con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 10 años y con 30 a 90 días de multa si se trata de un documento público, como es el caso.
Asimismo, hizo entrever que habría toda una forma de operar de los funcionarios regionales respecto a la entrega de actas. Y es que descubrió que un mes antes de ocurrida la entrega, Juan Reynaldo Zegarra encontró un hecho similar en otra asociación informando a Ordóñez con un documento en lo que lo pone al tanto de la inexistencia de un acta de posesión en los archivos del juzgado de paz.
“(La asociación) se vio obligada a desaparecer (…) De repente algunos dirigentes habrían estado pagando dinero para que no se observen los documentos y esta asociación no pago,” sugirió Huacasi.
Tras haberse puesto al descubierto este acto de corrupción, Pablo Huacasi entregó todas las pruebas recabas a la consejera delegada, para que las derive a la comisión de fiscalización donde se determinará cuando se procederá a presentar la denuncia.
“La comisión de fiscalización sacará un informe, la cuestión es denunciar a los que están involucrados en este documento. Se puede regularizar (las situación de los que obtuvieron las actas) pero hay que detener todo el avance del documento para que las cosas se hagan como tienen que ser. Yo no creo que perderán sus terrenos”, puntualizó.
