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RECRUDECEN REPRESIÓN EN PUNO AL PERMITIR INCURSIÓN MILITAR

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 La situación en Puno se agrava. A la convocatoria de más de 15 mil personas que se trasladaron de diferentes provincias a la capital puneña se ha sumado la reciente aprobación del gobierno para autorizar la intervención de las fuerzas armadas que tendrán la misión de “devolverle” la tranquilidad a la altiplánica ciudad y desbloquear los caminos que se encuentran tomados por los lugareños hace más de 15 días.

El principal reclamo de los puneños es contra las concesiones mineras en la zona y paralelamente exigen al gobierno la cancelación del proyecto Santa Ana de la minera Bear Creek, así como la derogación del Decreto Supremo 083-2007, que autoriza esta explotación. Además los pobladores piden el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que señala que debe realizarse una consulta a la población afectada con las concesiones mineras para que den su aprobación a esta explotación.

 

Para hacer sentir su voz de protesta cerca de 15 mil personas de las provincias de El Collao, Chucuito y Yunguyo arribaron a la capital de la región tras recorrer varios kilómetros a bordo de camiones, combis e inmensos tráileres y portando hondas, chicotes palos, carpas, frazadas y ollas.

La movilización que ha sido bautizada como “Día de la Revolución Aymara”, estuvo encabezada por Walter Aduviri, presidente del Comité de Lucha del Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur y el alcalde provincial de Puno, Luis Butrón Castillo, quienes hicieron un llamado a los pobladores a no ceder en los planteamientos hechos al Gobierno Central. Para hoy se espera la llegada de los frentes de defensa de provincias norteñas de la región: Lampa, Azángaro, Melgar y San Román.

Sin embargo, mientras se alistaba esta contundente protesta, el Ministerio de Defensa autorizó mediante una resolución suprema, la intervención de las Fuerzas Armadas para cautelar los bienes públicos y privados. Esta medida fue adoptada, luego de que el último viernes la Comisión de Alto Nivel, designada por el Ejecutivo, y los dirigentes de los campesinos no llegaron a ningún acuerdo.