Hay más de 230 conflictos sociales activos o latentes en Perú, la mayoría en áreas rurales pobres que han quedado marginadas del enorme crecimiento económico que disfruta el país desde hace un decenio gracias en gran parte a las exportaciones de minerales, cuyos precios se han disparado ante el apetito de China. Más de la mitad de esos conflictos involucran a la comunidad indígena, tienen que ver con una protesta por una explotación minera y generan violencia. Las comunidades indígenas tienen sus razones para oponerse a las concesiones mineras o forestales. El sector contamina mucho, apenas genera mano de obra directa en la zona de explotación, y para colmo el Estado peruano ha demostrado ser bastante ineficiente a la hora de revertir en las áreas más pobres el dinero que recibe de las empresas a través de los impuestos. La combinación ha creado bombas de tiempo que ninguno de los dos anteriores gobiernos, el de Alejandro Toledo y el saliente de Alan García, han sabido desactivar a tiempo. El caso más trágico se produjo justamente hace dos años, el 5 de junio de 2009, cuando una protesta indígena que llevaba dos meses sin ser resuelta estalló en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en el que murieron 33 personas, 23 de ellas policías. Fue en Bagua, en la región de Amazonas, y se la recuerda como el Baguazo.
El detonante fueron unas leyes forestales y del uso de la tierra del cultivo que pretendían estimular las inversiones en la zona. Los indígenas reclamaron su derecho a ser consultados antes de que se aprobase cualquier proyecto dentro de sus tierras y el Gobierno se resistió a la petición. Dos años después poco ha avanzado el Ejecutivo de Lima para evitar sucesos similares. Con preocupante regularidad se producen bloqueos de carreteras, manifestaciones violentas y huelgas. La más reciente, que amenazó incluso la campaña electoral, está latente en la región de Puno, limítrofe con Bolivia. Los pobladores de diferentes zonas bloquearon carreteras, asaltaron edificios públicos y cometieron saqueo. Exigen que toda su región sea declarada libre de actividades mineras y petroleras. El Gobierno consiguió una frágil tregua.
En abril pasado, las persistentes protestas en la provincia de Islay, en Arequipa, obligaron al Ejecutivo a cancelar el proyecto Tía María de la empresa estadounidense Southern Copper. Lima objetó el informe del impacto medioambiental de la explotación minera cuando la firma ya había invertido más de 430 millones de dólares, la mitad de lo previsto. Hace más de un año, el Congreso aprobó una la ley de que obliga a consultar a los indígenas antes de aprobar nuevos proyectos, pero la norma fue rechazada por el Ejecutivo, que la devolvió al Parlamento. Desde entonces, el proyecto legal está en el aire. El congresista humalista Javier Diez Canseco, declaró ayer que Humala abrirá una vía de diálogo con las comunidades para que haya un interlocutor válido para frenar los conflictos antes de que acaben en tragedia.
Cortesía: El País
