La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) respondió la carta de Dina Boluarte, quien junto a Alejandro Soto enviaron una carta donde expresan su rechazo a la intromisión de esta entidad dentro de la soberanía peruana, en marco a la aprobación del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad.
Mediante una carta remitida a la presidenta y al expresidente del Congreso, el 05 de agosto del 2024, la Corte IDH se refirió sobre las medidas provisionales y supervisión de cumplimiento de sentencia en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
“El artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al Perú, en su calidad de Estado Parte, la obligación de cumplir las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluidas aquellas relativas a medidas provisionales (…) Es vinculante para el Estado abarcando a todos sus poderes, órganos, instituciones y autoridades públicas”, se lee en el documento.
Asimismo, el organismo precisa en el artículo 68° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos impone al Estado peruano de cumplir las decisiones de la Corte IDH, también aquellas relativas a las medidas provisionales.
En ese sentido, tras el rechazo hacia la aprobación del proyecto de ley que prescribe los delitos de lesa humanidad, el cumplimiento de Perú debe realizarse “de buena fe”.
“De acuerdo al derecho internacional no es posible alegar disposiciones de orden interno para incumplir con obligaciones internacionales”, añadió la Corte IDH.
La presidencia de la Corte IDH mostró su confianza en que el Perú “Estado constitucional de derecho y fiel a su historia de resiliencia”, cumplirá con las obligaciones internacionales.
Además, la entidad dio un plazo al Estado peruano, que concluye el 09 de agosto del 2024, para que, en el marco de las medidas provisionales, puedan informar respecto a su implementación en dichos casos.
