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Challapalca: Comunidad Maure y profesionales de Tacna desmienten al INPE 

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Dueño de nada. Con documentos en mano, la Comunidad Campesina Maure y profesionales de Tacna demostraron que nunca hubo donación de terrenos al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para la ampliación del penal de Challapalca. E incluso, que la construcción de dicha cárcel de máxima seguridad nació con procedimiento irregular.

El INPE en comunicado N° 16-2024 emitido el miércoles 30, afirmó que «con fecha 10 de julio de 2023 firmó un acta de acuerdo con la Comunidad Campesina Maure y sus anexos (Kallapuma y Challapalca) de la provincia Tarata, en donde expresan su disposición a expedir la licencia social para la ampliación del penal«. Esto es falso, expresó el presidente de la comunidad Marcial Laura mostrando el acta de acuerdo aludida por el INPE, además de un acta de reunión, mencionada por dicha institución en trámites declarados improcedentes por la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) el 20 de agosto del presente, mismos en los que buscaba inscribir dos polígonos para la ampliación del penal.

En junio de 2023 se generó un acta de acuerdo entre el INPE y solo el anexo de Challapalca, más no con la Comunidad Maure en su totalidad. Además, que en este último documento suscrito a mano, se plasma acuerdos referidos al tratamiento de aguas servidas y manejo de basura que genera el recinto penitenciario en agravio de la flora, fauna y población, del cual se desprende el punto 3: «Una vez cumplido los compromisos asumidos por el INPE existe la voluntad de la comunidad de otorgar la licencia social» orientado para el tratamiento residual más no para una ampliación o donación de tierras para tal obra. Así también – durante la conferencia destacaron que esta «tratativa» no fue secundada en asamblea general de la Comunidad Maure, como así lo demanda la normativa de comunidades campesinas, artículo 11 de la ley 26505.

Marcial Laura como actual presidente de la Comunidad Campesina Maure, afirmó que hubo una única reunión de su persona con representantes del INPE, misma que se realizó el 3 de agosto de 2018 en instalaciones del penal de Challapalca para solucionar la contaminación que este recinto genera en el lugar. En esta no hubo aceptación para donación de terreno ni licencia social. Es más, como último punto tratado en la misma figura como siguiente fecha de reunión el 12 de octubre de 2018, «para suscribir acuerdos con miras a la donación de terrenos. Se llevará un plano a fin de regularizar el terreno donde se encuentra el E.P (Establecimiento Penitenciario)», se lee. Esta última reunión – aseguró- no llegó a darse.

Así también, el INPE en su último comunicado afirmó ser propietario del terreno sobre el cual está construido el penal de Challapalca, consignando la partida registral N° 05120435. Esto también resultó ser falso, aseguraron los profesionales mostrando que dicha partida registral tiene como propietario a la Comunidad Campesina Maure.

La arquitecta Betzy Castelano, explicó que sobre el terreno de la Comunidad Campesina Maure se encuentra la cárcel y «dos polígonos (de 50.000 metros cuadrados y 1.000 metros cuadrados) que el INPE intentó solicitar ante la SBN». Estas dos partidas también están dentro de la Comunidad Campesina Maure y la solicitud de ambas fue declarada improcedente por la SBN porque está dentro de propiedad campesina.

Irregular inscripción 

De igual forma evidenciaron, que  la Partida N° 11136521 ya inscrita en favor del INPE «lo independizaron de la comunidad campesina en mérito del Decreto Supremo 130-2001 EF que actualmente se encuentra derogado». Y si bien, estuvo vigente durante la inscripción y «autorizaba a sanear propiedades del Estado en aplicación del decreto, no era aplicable sobre comunidades campesinas», destacó la arquitecta Castelano.

«También podemos advertir que existen dos documentos dentro de requisitos para la ampliación. Una de ellas, publicación de aviso en diario que se hace con intensión de que personas que se sientan afectadas en su derecho se puedan oponer. Si eran estatales podían oponerse ante la SBN, pero si eran particulares era ante proceso judicial. Y si analizamos el contenido, por ningún lado dice que es propiedad de la Comunidad Campesina Maure, nadie pudo advertir que era del penal de Challapalca«, explicó la arquitecta a la vez de destacar, que este aviso no permitió a los técnicos estimar que se trataba de una zona en Tarata, y «la comunidad nunca se llegó a enterar de este procedimiento». 

Otro documento es la declaración jurada que hace el INPE, en el que el registrador realiza una observación indicando que el referido debe sustentar el derecho de aplicar el saneamiento. Siendo así, el INPE alegó que el «derecho de propiedad deriva de una donación por parte de la Comunidad Campesina del Maure donde a la fecha se ha construido el establecimiento penitenciario de Challapalca cuya donación ha sido ratificada con el señor Marcial Laura, actual presidente». Y el INPE para saneamiento físico, menciona el acuerdo con fecha 25 de enero de 2019 e indica que adjunta esto en actuados, «cosa que no está en el título archivado», acotó.

Por su parte, el presidente de la comunidad negó tal ratificación y anunció que tomará acciones legales por cuenta propia al ser usado su nombre por el INPE. Mientras, que profesionales de arquitectura y derecho, concluyeron que el INPE trató de sorprender a la Comunidad Campesina Maure autonombrándose dueño de la propiedad. 

 

Arquitecta Betzy Castelano

De la reunión participó este jueves 31 el dirigente de carga pesada, Dante Morales, quien afirmó apoyo a siguientes medidas a ser acordadas por la sociedad organizada. De igual forma, el alcalde de Tarata, Kenny Menéndez, quien ratificó que el INPE difundió información falsa ante la contundente marcha realizada en la región en rechazo a la ampliación de la cárcel y traslado de reos de máxima seguridad. Estuvo también, la titular de Colegios Profesionales, asegurando apoyo total a la comunidad campesina.

 

Acta de acuerdo de fecha 10 de julio de 2023 aludida por el INPE en último comunicado. No contempla a la toda la Comunidad Campesina Maure, solo al anexo Challapalca y no se menciona la ampliación del recinto, solo tratamiento de agua residual y basura. Y en esta no figura el presidente de la comunidad Marcial Laura.

Acta de reunión de 2018 en el cual sí figura Marcial Laura, pero en reunión dentro del recinto penitenciario a fin de tratar el tema de contaminación. En esta tampoco se acepta donación para ampliación y se fija siguiente reunión para regularizar terreno sobre el cual se encuentra el Establecimiento Penitenciario, pero la misma no se dio, aseguró el aludido.

 

Vista del terreno que pertenece a la Comunidad Campesina de Maure con partida registral N° 05120435. Se observa a la cárcel señalada en punto rojo.

Ubicación de cárcel de Challapalca en terreno de la Comunidad Campesina Maure. Se observa otros dos cuadrantes también dentro del predio en mención que el INPE buscó inscribir solicitando ello a la SBN, que declaró improcedente por estar justamente en terreno de la comunidad.

Partida de Independización del terreno que ocupa la cárcel es irregular, según profesional de arquitectura convocada por CONREDE y Comunidad Campesina Maure. El trámite registral invoca el decreto supremo 130-2001-EF que no es aplicable a comunidades campesinas.

Incluso, el procedimiento fue observado. Respondiendo ante esto el INPE, «que el derecho de propiedad deriva de una donación de inmueble y entregado ad Corpus por parte de la Comunidad Campesina Maure al INPE, donde se ha construido el Establecimiento Penitenciario de Challapalca, donación que ha sido ratificada por el Sr. Marcial Laura Condori».

Tal aseveración fue desmentida por el aludido quien anunció acciones legales por uso ilegal de nombre.

 

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