Parlamentarios acordaron la noche de ayer conformar una comisión investigadora del segundo gobierno de Alan García. Dicho grupo congresal se encargará de identificar y comprobar posibles ilícitos cometidos en esta gestión en diferentes instancias estatales. Para el congresista Lescano esta iniciativa es un primer paso contra la impunidad y precisó que se espera que se \»capturen\» a peces gordos.
El pleno del Congreso aprobó la noche de ayer con 110 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones, la formación de una comisión multipartidaria que investigará las presuntas irregularidades cometidas durante el segundo gobierno de Alan García.
Según el acuerdo, la referida comisión se encargará de indagar exhaustivamente posibles infracciones a la Constitución y delitos de enriquecimiento ilícito y actos de corrupción, presuntamente cometidos por la última gestión del ex presidente Alan García Pérez.
El grupo de trabajo multipartidario buscará identificar y comprobar posibles ilícitos especialmente generados a partir de Decretos de Urgencia y Decretos Legislativos que habrían permitido lesivas concesiones de recursos del Estado.
El legislador Yonhy Lescano al respecto consideró que era necesario iniciar una investigación contra los negociados perpetrados durante el segundo mandato de García Pérez en casos particulares como en el Banco de Materiales, el tren eléctrico, hospitales sobrevalorados, estadio nacional, entre otros, de donde espera que la justicia capture a peces gordos como los responsables de la malversación de fondos estatales.
“Es necesario capturar a peces gordos que se han enriquecidos ilícitamente a costa del pueblo. Eso no se puede permitir. Esta comisión se encargará de investigar también al ex jefe del Gabinete, Jorge del Castillo Gálvez, y los ex ministros de Transportes, Enrique Cornejo Ramírez; de Salud, Hernán Garrido Lecca; y de Justicia Aurelio Pastor Valdivieso”, reveló.
Según la norma recientemente aprobada ayer, también se someterá a investigación a las Asociaciones Público Privadas (APP) en proyectos de irrigación, transmisión de energía, carreteras, generación de energía, construcción de infraestructura en general, asimismo en el manejo arbitrario e ilegal de instituciones como Essalud, Sedapal, Agua para Todos, OSCE, entre otros. El plazo que este grupo tendría para cumplir el encargo del Congreso sería de 365 días.
