Acudió sin defensa legal. El presidente de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, José Neyra, dio comienzo este martes 4 a inicio de juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el intento de golpe de Estado en el 2022, a pesar de que este afirmó minutos antes que el proceso es una “farsa” y se presentó sin abogado.
Es más, al ser asignada defensa legal de oficio en la persona del letrado Edgar Callahualpa Quispe, Castillo lo rechazó alegando que recusó a la magistrada Norma Carbajal por adelantar opinión, no cometió delito de rebelión y el resto de acusados nada tienen que ver con el caso mismo que insistió en afirmar se trató de un discurso político y no rebelión.
Castillo momentos antes de dar sus generales de ley solicitó la lectura de un escrito mismo que compartió como manifiesto en su cuenta X (antes Twitter). El presidente de la Sala Penal tomó la palabra luego que el exmandatario se negara a aceptar la defensa del abogado de oficio, destacando que los imputados no pueden hacer lo que quieran y el Poder Judicial garantiza la defensa de los acusados.
Comparto mi MANIFIESTO: Rechazo esta farsa de juicio oral. (1/2) pic.twitter.com/xWdwQnFt6Q
— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) March 4, 2025
La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en conversación con Radio Uno, destacó la posición de la Sala dado que de no proceder como lo hizo estaba en peligro el inicio de juicio oral. A la vez, comentó que el exmandatario aún no es consiente de su situación jurídica y en lugar de hacer una defensa racional buscó una defensa política.
🔴#AHORA│ «Pedro Castillo no se está dando cuenta en la situación que está viviendo. En lugar de hacer una defensa racional busca una defensa política», expresa la exministra Marisol Pérez Tello.
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— radio uno (@radiouno_pe) March 4, 2025
La Fiscalía solicita 34 años de prisión para el expresidente, así como su inhabilitación por 3 años y 6 meses para ejercer cargo público, al acusarlo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública.
La instancia fiscal también solicitó 25 años de prisión contra los exministros Betssy Chávez y Willy Huerta, así como para exjefes policiales y también 15 años de cárcel contra el exasesor Aníbal Torres. Además de la inhabilitación de todos ellos por 2 años y 6 meses para ejercer cargo público al acusarlos como coautores del presunto delito de rebelión.
En tanto, la Procuraduría General del Estado pidió que el exmandatario Pedro Castillo y sus coacusados paguen, en forma solidaria, la suma de 65 419 038 soles como reparación civil a favor del Estado a raíz de este caso.
Un total de 65 personas deberán rendir su declaración en calidad de “testigos” dentro del juicio oral, entre los cuales se encuentran – según el medio RPP- los exministros Emilio Bobbio, Félix Chero, César Landa, Alejandro Salas; los congresistas Martha Moyano, Heidi Juárez, Vivían Olivos, Adriana Tudela, Diego Bazán; el exabogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza; los excomandantes generales de la Policía Nacional, Jorge Angulo y Raúl Alfaro, el exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, etc.
También deberán participar tres peritos presentados por el Ministerio Público y los acusados y se someterá a debate diversa documentación relacionada con el caso.
El expresidente Pedro Castillo y la exjefa del Gabinete Ministerial Betssy Chávez cumple mandato de prisión preventiva en los penales de Barbadillo en Ate y Anexo de Mujeres de Chorrillos, respectivamente, mientras que los demás implicados se encuentran bajo mandato de comparecencia con restricciones dentro de este proceso penal.
