El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de su vocero Enrique Alcántara Arana Medrano, ha expresado profunda preocupación por el bloqueo de carreteras que realizan mineros informales y artesanales en la Panamericana y otras vías del país, y ha sido enfático en señalar que los actos que se están cometiendo ya constituyen delitos.
El bloqueo total de carreteras y vías de comunicación terrestre es considerado un delito flagrante y permanente, que se consume mientras las vías permanezcan tomadas, sin permitir el paso de vehículos. La legislación peruana establece que este acto puede ser sancionado con hasta 15 años de pena privativa de libertad efectiva, lo que no es una pena menor.
Además del entorpecimiento de las vías públicas, se están configurando otros delitos derivados de las protestas. Se ha reportado que grupos forman piquetes y exigen dinero a transportistas que buscan rutas alternas a cambio de permitirles el paso, se han registrado saqueos a camiones y buses, y hasta cobro de cupos.
Si bien el derecho a la protesta está garantizado a nivel constitucional en Perú, este debe ejercerse en armonía con otros derechos fundamentales, como el derecho al libre tránsito de las personas, el derecho de los empresarios a transportar mercancías y el derecho de los turistas a movilizarse. Cuando un derecho se impone por completo sobre otro, se incurre en delitos.
«Lo más importante son los que están por detrás, los instigadores, los que están financiando estas tomas de carreteras, porque finalmente los trabajadores lo único que buscan es permanecer con su pequeño negocio, pequeño empleo, pero el que se está llevando el dinero por atrás es el que no está ahí directamente en las tomas y ahí contra ellos hay que ir», señaló el vocero.
