El congresista de la República, Edgar Tello, en visita a Tacna, conversó con Radio Uno y destacó que el proyecto de Ley 3864, presentado el 28 de diciembre de 2022, busca establecer una pensión digna para los maestros cesantes y jubilados. Este proyecto nació de las movilizaciones del magisterio nacional, que denunciaban pensiones «irrisorias». Según Tello, un pensionista con 65 años de edad y 30 años de aportación recibe apenas S/ 893, mientras que quienes no cumplen ambos requisitos reciben la pensión mínima de S/ 415 en el Sistema Nacional de Pensiones (ONP, Ley 19990). En las AFP, el máximo es S/ 500 y el mínimo S/ 180, montos con los que «nadie vive».
El proyecto de ley propone que la pensión de los docentes sea equivalente al ingreso mensual del profesor de la primera escala, que asciende a S/ 3,300. Además, esta pensión aumentaría si el ingreso de la primera escala también lo hace. El proyecto fue aprobado en dictamen, y tras exigencias, el 5 de junio se modificó el texto sustitutorio para volver a la propuesta inicial de que la pensión sea equivalente a los S/ 3,300 del profesor de la primera escala. Sin embargo, el proceso se detuvo cuando se presentó una reconsideración, impidiendo la segunda votación programada para el 12 de junio. Se espera que el tema sea agendado en la nueva legislatura en agosto.
Sobre el próximo mensaje presidencial del 28 de julio, Tello espera que el gobierno tenga en cuenta las demandas del magisterio y de la población en general. Así, señaló que el gobierno de Dina Bolurte aún está a tiempo de cumplir el compromiso de destinar el 6% del PBI al sector Educación.
El congresista también se pronunció sobre el informe de la Contraloría que confirmó la presencia de carne de caballo en alimentos entregados por el programa Qali Warma. Tello exigió una investigación profunda y sanciones a los responsables, así como una garantía de alimentación de calidad para los niños en programas sociales.
Finalmente, el congresista Tello abordó su inclusión en una investigación fiscal junto a otros 13 congresistas por presuntos vínculos con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides. Afirmó que las gestiones realizadas como congresista están dentro de sus competencias y no constituyen delitos. Negó haber sostenido conversaciones particulares con la exfiscal de la Nación o haber sido convocado a su despacho, señalando que los contactos eran «por función» en mesas de trabajo y comisiones. Tello indicó que han recurrido al Tribunal Constitucional para anular la investigación, haciendo uso de su derecho como ciudadanos de acudir a la instancia que consideren conveniente.
