Marcelino Tonconi Quispe, actual candidato al Gobierno Regional de Puno, ha sido llamado al banquillo de los acusados en audiencia de inicio de juicio oral fijada para hoy, 1 de agosto, por el delito de colusión agravada, tras la anulación de su absolución inicial. La audiencia fue fijada para las 2 de la tarde.
El caso se remonta a 2015, cuando Tonconi Quispe ocupaba el cargo de gerente de infraestructura en la Municipalidad Distrital de San Antón, provincia de San Román, Puno. El Ministerio Público lo acusa de haber adjudicado de manera irregular una obra pública valorada en más de 3 millones de soles al Consorcio Inova, a pesar de que este no cumplía con los requisitos técnicos ni la experiencia exigida por ley.
La investigación del Ministerio Público incluye una grabación en el expediente judicial donde se escucha cómo se habría pactado el pago de una coima cercana a 70,000 soles, según la declaración de una de las testigos, una contadora también implicada.
Aunque inicialmente el Cuarto Juzgado Penal lo absolvió, esta sentencia fue anulada el 6 de enero de este año por la Sala Penal de Apelaciones, la cual ordenó su detención inmediata al considerarlo autor material del acto de corrupción. Se le imputa haber entregado la buena pro de forma directa y autorizado el pago de valorizaciones, incluso sobrevaloradas, a la empresa.
La Corte emitió una auto de citación a juicio oral el 19 de mayo, ordenando la formación del cuaderno de debates y la convocatoria de testigos, peritos y abogados. Tonconi Quispe intentó reprogramar la audiencia alegando problemas de salud, pero su solicitud fue rechazada el 25 de julio al no evidenciarse impedimento para continuar con el proceso judicial.
De ser hallado culpable, Marcelino Tonconi Quispe podría enfrentar hasta 10 años de cárcel. La sentencia en primera instancia podría emitirse en un par de meses. Ya hay empresarios y el mismo exalcalde sentenciados en este caso.
La situación de Tonconi Quispe en Puno se suma a los problemas legales de su hermano, Juan Tonconi Quispe, ex gobernador regional de Tacna, sentenciado a 8 años de prisión efectiva por cobrar doble sueldo al Estado, trabajando simultáneamente en la Municipalidad de Gregorio Albarracín y en la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. En la actualidad se encuentra prófugo de la justicia.
