Una reciente resolución de la Corte Suprema ha revocado la suspensión preventiva de derechos de Patricia Benavides, lo que podría allanar su camino de regreso al Ministerio Público. La decisión judicial se fundamenta en la supuesta falta de formalización de la causa en su contra por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, un hecho que ha generado críticas y sospechas de intervención política.
Según el abogado Alex Choqueca, consultado por Radio Uno, la Sala Suprema, liderada por el juez supremo San Martín, revocó la suspensión porque la denuncia constitucional contra Patricia Benavides no pasó el filtro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El razonamiento es que, al no ser formalizada la causa, no se podían solicitar medidas coercitivas, ya que Benavides gozaba de un fuero.
Sin embargo, se han señalado «serias irregularidades» en el proceso. La fiscalía de la nación presentó una denuncia constitucional el 12 de junio, y el 25 de junio, el juez supremo Segismundo León declaró fundado el pedido de suspensión por 24 meses. Lo «sospechoso» es lo que ocurrió después: la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, siguiendo un procedimiento «bastante acelerado» y «exprés», votó el 25 de julio para declarar improcedente la denuncia constitucional contra Benavides. Esto significó que, para el Congreso, «todas las pruebas existentes», incluyendo la supuesta organización criminal, canje de favores y tráfico de influencias, no tenían «ningún sustento probatorio». La Corte Suprema emitió su resolución el 31 de julio, el último día, lo que se considera una «celeridad» que apunta a un «blindaje» por parte del Congreso de la República para que Benavides pudiera obtener una resolución favorable.
Es «muy probable» que Patricia Benavides regrese solo como fiscal suprema y ya no como Fiscal de la Nación, dado que su periodo de tres años en este último cargo ya habría precluido. Existe la posibilidad de que sea enviada como representante de los fiscales supremos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Además de los procesos legales, Patricia Benavides enfrenta cuestionamientos por su tesis de posgrado. Se ha revelado que una de sus tesis tiene un «80% de plagio», lo que la deja «moralmente, definitivamente muy mal». Aunque este hecho podría quitarle el título o grado superior, legalmente, Benavides conserva sus grados académicos de magíster y doctorado hasta que no exista un acto administrativo firme de la universidad o una resolución judicial que los invalide, respetando la presunción de inocencia.
Se ha criticado su «nivel tan básico» y falta de solvencia académica, señalando que su tesis «hubiera sido mandada a hacer» y que ella no tiene publicaciones en comparación con otros fiscales supremos como Pablo Sánchez, reconocido tratadista.
