Aunque el Director Ejecutivo de la Asociación Pro Derechos Humanos aseguró que es prácticamente inviable otorgar un eventual indulto a Fujimori, sí precisó que hacerlo sería burlarse de todo el aparato de justicia que acusó al ex mandatario y provocó su sentencia por delitos de lesa humanidad.
Director Ejecutivo de APRODEH – Miguel Jugo
Pese a que el Director Ejecutivo de la asociación pro Derechos Humanos, Miguel Jugo aseguró que no existe suficiente sustento legal para otorgar un indulto a Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción, sí aseguró que hacerlo significaría una burla al aparto de justicia en el Perú que reunió suficientes evidencias para acusarlo, primero y condenarlo, después.
“Darle un indulto a Alberto Fujimori significaría burlarse de la justicia peruana. Hablamos del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien lo condenó. Hablamos del fiscal de la Nación quien lo acusó y hablamos de todo el aparto judicial en el país. Esto es una situación muy grave que todos los peruanos no debemos permitir”, indicó.
Según Jugo, en este gobierno hay personas que creen que la única forma de gobernar es quedar bien con todos los sectores. El directivo indicó que si bien el “caballito de batalla” del entonces candidato Ollanta Humala era fiscalizar la gestión de su antecesor Alan García, hay indicios que revelan que el gobierno pretende negociar con las bancas opositoras para conseguir réditos a su favor.
“El indulto de Fujimori cae por su propio peso. Con el APRA no investigamos la corrupción en el gobierno de Alan García. Con Solidaridad Nacional no sacamos el caso Comunicore de Castañeda. Y con la bancada fujimorista sale a la luz el indulto a Fujimori. ¿Eso es justo? El gobierno cree que estando bien con todos la caosa funciona y ahí se cae el ofrecimiento electoral”, reveló.
Jugo indicó también que no es novedad decir que un reo afronta problemas de salud física o emocional por estar recluido en algún penal y precisó que la salud del ex mandatario se encuentra debidamente controlada, por lo que sería inviable hablar de un indulto que además no cuenta con el procedimiento ni la petición oficial de la familia.
