Perú fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), propone el Ejecutivo y el Congreso de la República. Esta posición ha desatado un intenso debate nacional, reavivado por una reciente advertencia de la Corte sobre una nueva ley de amnistía. Según explicó el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal, la Corte IDH: «No es que sea como dicen esos desubicados del Congreso, que es un tribunal internacional que tiene injerencia. En realidad es el Estado peruano que ha determinado que sea la Corte un tribunal de carácter supranacional» del cual Perú es parte, y al que los estados «delegan una parte de su soberanía para que un tribunal internacional… juzgue casos de sus propios ciudadanos».
Se ha argumentado sobre el «plazo razonable» en las investigaciones de crímenes de los años 80 y 90. Sin embargo, Rivera refuta esta justificación, señalando que las demoras se deben a acciones del propio Estado, como la asunción de jurisdicción por la justicia militar en los años 80 y las leyes de amnistía de los 90, que clausuraron investigaciones. También acusó al Ministerio de Defensa de retener información sobre los casos, como los pseudónimos de militares en el caso Pativilca. Pese a esto, el sistema judicial peruano ha logrado emitir cerca de 120 sentencias en casos de derechos humanos, tanto condenatorias como absolutorias.
Asimismo, las recientes leyes «contra las ONGs», que buscan impedir que defiendan a personas «en contra del Estado peruano», podrían bloquear la justicia para las víctimas de las protestas contra Boluarte, que dejaron 50 muertos. Esto, advierte el presentador, podría perjudicar a la propia presidenta si en el futuro necesita protección de organismos internacionales.
