En un análisis sobre el incremento de la criminalidad en Perú, el General (r) Alberto Jordán, afirmó que el problema actual no radica únicamente en la falta de policías valientes, sino en un «problema de sistema» y la «pérdida de objetivos» dentro de la institución policial.
Acerca, si el desafío es de policías o de falta de estrategia, respondió que la situación actual es una consecuencia de la unificación de la Policía Nacional en los años 80-83. Según Brignol, esta unión se realizó «sin ningún criterio, sin ningún principio, sin ninguna estrategia, sin ningún proyecto», y la policía resultante fue «abandonada» sin capacitación, instrucción, buena formación en escuelas, logística, infraestructura o tecnología. Subrayó que la falta de inversión en la policía se desvió hacia otros fines, señalando el caso de cuatro presidentes presos como prueba de que ese dinero pudo haber cambiado el estatus de la institución.
Fue enfático al criticar la proliferación de escuelas policiales donde se priorizaba la cantidad sobre la calidad. Describió una situación en la que, por órdenes políticas, se permitía el ingreso de postulantes que no aprobaban los exámenes, resultando en la admisión de «todos los jalados» sin un filtro adecuado, y la falta de buenos instructores.
Respecto al gasto superfluo y el desvío de fondos, el General Jordán calificó la situación de «pésima». Hizo referencia al caso de comisarías con chalecos policiales en mal estado mientras se adquirían vehículos de lujo como Audi por 60 o 70 mil dólares para la cúpula, cuya propiedad recae en el Ministerio del Interior y que, tras años de uso, pueden ser comprados a precios irrisorios por quienes los utilizaron. Para Jordán Brignol, esta práctica es una «cachetada» a la ciudadanía y a la propia institución, especialmente en un contexto de carencia de logística para proteger a la población.
Uno de los «graves problemas» señalados por el General es la corrupción y el «régimen indisciplinario» dentro de la policía, que consideró «muy dócil». Explicó que, a pesar de que se debería dar de baja a miles de policías por delitos, «las leyes protegen» a los infractores. Un policía despedido por corrupción puede recurrir a un juez y, a menudo, reingresar por orden judicial.
Frente a este panorama, el General Alberto Jordán propone una «refundación total» de la policía, similar a modelos extranjeros. Además, considera urgente la aprobación de una «ley de terrorismo».
Criticó duramente a los legisladores, afirmando que «más dan normas que favorece a la criminalidad» y que priorizan su reelección sobre el bienestar general del país. El General concluyó que la situación se agrava por la «falta de una decisión política», la desarticulación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, y la ausencia de orden y liderazgo.
