La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante el Poder Judicial un requerimiento para declarar ilegal al partido Fuerza Popular y disponer su exclusión de las elecciones generales del 2026. El pedido se fundamenta en que la agrupación fujimorista habría vulnerado el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP), por «desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales». En pocas palabras, se les acusa de haber desarrollado actividades antidemocráticas.
La fiscal de la Nación presenta solicitud para declarar ilegal a Fuerza Popular
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— Canal N (@canalN_) September 18, 2025
Según el Ministerio Público, Fuerza Popular ha operado con una estrategia sostenida para erosionar la democracia, desde la persecución a magistrados hasta el respaldo a proyectos legislativos que favorecen la impunidad por violaciones de derechos humanos.
La acusación fiscal identifica cuatro grandes tipos de acciones antidemocráticas:
En primer lugar, se señala que el partido de Keiko Fujimori promovió hostigamientos y persecución contra jueces, fiscales, funcionarios electorales y opositores políticos. Esta práctica, dirigida contra quienes no comparten su línea, habría buscado debilitar la independencia de las instituciones.
Como segundo punto, se advierte que Fuerza Popular impulsó la exclusión de sus propios congresistas y aliados por disentir de la dirección del partido. Entre los afectos se identificaron a figuras como Kenji Fujimori, hermano de la lideresa, y otros legisladores que expresaron posturas distintas. Estas expulsiones son vistas como un ataque a la libertad de conciencia y al pluralismo interno.
En tercer lugar, se hace referencia a la reinterpretación de crímenes cometidos durante el conflicto armado interno. Según la demanda, el partido fujimorista bloqueó estos hechos a través de discursos políticos, formación partidaria y propuestas legislativas que favorecían la impunidad de violadores de derechos humanos.
La disposición concluye que Fuerza Popular, como cuarta conducta antidemocrática, legitimó la violencia como método político. Esto se habría expresado en el discurso del ´fraude electoral´ de 2021 y en su cercanía con colectivos radicales como La Resistencia, que hostigaron de manera sistemática a periodistas, opositores y organizadores de la sociedad civil.
(Fuente: La República)
