Tras dos décadas de proceso judicial, la minera Southern Perú ha comenzado finalmente la ejecución de la sentencia que ordena la devolución de acciones a más de 4,200 extrabajadores de la empresa. La información fue confirmada por Graciela Delgado, representante de demandantes y heredera de uno de los beneficiarios.
Delgado precisó que la empresa minera, ya ha transferido las acciones a Cavali, entidad designada por el juzgado para la entrega. La sentencia, emitida el 2 de julio, fue ejecutada de inmediato, y el 3 de julio Cavali recibió el mandato judicial. Cabe destacar que el juzgado rechazó la realización de nuevos peritajes, calificándolos como maniobras dilatorias destinadas a desalentar a los demandantes. El proceso legal fue liderado por el abogado Luis Miguel Chunga, quien durante las últimas semanas ha estado en Arequipa, Tacna e Ilo supervisando el avance de la entrega.
Los primeros beneficiarios en recibir sus documentos pertenecen al grupo liderado originalmente por el fallecido Junior Edgardo García Aucurio. Aunque este grupo incluye 904 extrabajadores, 74 personas ya han firmado los documentos ante Cavali, la casa de bolsa encargada de tramitar las acciones. Hasta el momento, 300 extrabajadores se han acercado para iniciar el proceso. Se espera que el grupo completo de García culmine la entrega en el transcurso de la semana de la entrevista, mientras que los segundo y tercer grupo completarán sus trámites en octubre. Para fines de octubre o inicios de noviembre, se proyecta el inicio del proceso para nuevos demandantes.
Graciela Delgado aclaró que la entrega corresponde estrictamente a acciones, ya que el petitorio original del proceso exigía la restitución de títulos y no el pago en efectivo. En promedio, cada extrabajador está recibiendo entre 5,000 y 11,000 acciones, dependiendo del cargo que ocupó, su antigüedad y otros factores. Una vez en posesión de sus títulos, cada beneficiario podrá decidir si vende, ahorra o administra libremente sus acciones.
Delgado también hizo una advertencia pública a los extrabajadores y sus familias, alertando sobre grupos y dirigentes que continúan exigiendo dinero con fines supuestamente legales o de protesta. Indicó que algunas de estas personas están solicitando montos elevados, como 19,000 soles, para supuestos peritajes ya innecesarios. “Algunos trabajadores mayores de 80 años han llegado a vender sus casas por confiar en estos grupos que no han conseguido nada”, denunció, pidiendo a los beneficiarios mantenerse informados y no dejarse engañar.
Respecto al procedimiento, se recordó que los trabajadores vivos deben presentar su boleta de pago o ficha de trabajo. En caso de fallecimiento, los herederos deben presentar la sucesión intestada y acudir todos juntos, ya que de lo contrario la empresa no entregará las acciones correspondientes. Delgado también informó que, en cuanto a los honorarios profesionales del abogado Luis Miguel Chunga, se ha pactado un monto inferior al habitual: si bien el contrato inicial establecía un 30%, Chunga está cobrando solo un 10% al primer grupo, una cifra considerada justa dada la extensión y complejidad del proceso.
Este caso marca un precedente en la historia laboral y judicial del país, no solo por el tiempo que ha tomado lograr justicia, sino también por el volumen de acciones involucradas y la cantidad de extrabajadores beneficiados. Con el avance sostenido de la entrega, miles de familias podrían recuperar parte de lo que les correspondía por derecho hace más de veinte años.
