La reciente sentencia de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la culpabilidad del expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de conspiración para la rebelión. El abogado penalista Juan José Quispe sostuvo que la decisión “golpea fuertemente al partido Perú Libre” y que la absolución del exmandatario era poco probable debido a las acciones cometidas junto a Betssy Chávez, Willy Huerta y Aníbal Torres, entre otros.
Pese a su impacto político y jurídico, el especialista remarcó que no se trata de una sentencia “contundente” o “histórica” debido a que fue adoptada por mayoría. Durante la lectura, incluso se expuso el voto en minoría, lo que evidencia la falta de unanimidad dentro del Poder Judicial. Quispe recordó que una división similar se registró en el reciente caso del expresidente Martín Vizcarra.
Además de Castillo, la sala impuso 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel al exministro Willy Huerta, y 6 años y 8 meses al expremier Aníbal Torres. Quispe expresó sorpresa por la pena efectiva contra Torres, considerando su edad y la ausencia de argumentos médicos que justificaran una condena suspendida.
Según el especialista, tanto Huerta como Torres es probable que apelen, lo que suspendería la ejecución de sus sentencias hasta que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema resuelva en última instancia.
Uno de los puntos más controvertidos es la reparación civil solidaria de S/ 12 millones, impuesta a Castillo, Chávez, Torres y Huerta. Quispe calificó esta cifra como “el punto flaco” del fallo, cuestionando la falta de argumentos sólidos que la respalden. Indicó que la jueza fijó el monto luego de que la Procuraduría presentara un escrito extemporáneo, situación que, a su juicio, no justifica la determinación final.
La sentencia también anuló la compra de un inmueble realizada por Betssy Chávez. El penalista explicó que existe jurisprudencia que respalda esta decisión: si un investigado o condenado transfiere bienes durante el proceso, la operación puede invalidarse si dificulta el cobro de la reparación civil. El criterio —ya establecido por la Corte Suprema— busca evitar que los sentenciados evadan el embargo y remate de sus propiedades.
Con ello, el análisis de Quispe evidencia un escenario jurídico complejo, marcado por decisiones divididas, cuestionamientos técnicos y un proceso que continuará su curso en segunda instancia.
