El proyecto, denominado «Instalación de un sistema de regulación de la subcuenca del río Higuerani», ya se encuentra en fase de ejecución desde hace aproximadamente 15 a 20 días por parte de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. Sin embargo, la gestión del alcalde provincial Julio Dávalos busca la nulidad del proceso, alegando supuestos perjuicios técnicos para los agricultores de la zona baja, como Cinto y Locumba.
Eliseo Flores Valeriano, agricultor de la zona, manifestó la indignación de su gremio, señalando que durante la época de lluvias grandes cantidades de agua se pierden en el mar, mientras que entre septiembre y diciembre sufren de una escasez crítica. Según los manifestantes, la represa no solo beneficiaría a la parte alta, sino que regularía el recurso hídrico para toda la cuenca, incluyendo el consumo poblacional en Locumba.
La dirigencia agraria ha calificado la oposición de la municipalidad provincial como una posible maniobra política ante la cercanía de las elecciones municipales del próximo año. «Parece que hay temor a que autoridades como el alcalde de Ilabaya resalten por hacer obras», afirmó Flores, mencionando como precedente la exitosa represa de Coltani.
Además, los agricultores denuncian que no hubo diálogo previo a la demanda. Aunque en noviembre hubo un compromiso verbal del alcalde provincial para no oponerse al proyecto, las acciones legales dicen lo contrario. Por su parte, la gerencia municipal ha planteado dudas sobre la impermeabilidad del embalse, sugiriendo posibles filtraciones que afectarían el expediente técnico.
Ante el estancamiento, la población ha tomado la iniciativa de convocar a una reunión para el próximo 12 de enero a las 11:00 a. m. en Higuerani. El objetivo es sentar en la misma mesa a los alcaldes de Ilabaya y Jorge Basadre, junto a sus equipos técnicos, para levantar las observaciones y evitar que el conflicto escale.
De no alcanzarse un acuerdo, la mirada estará puesta en el 23 de enero, fecha programada para una audiencia en el juzgado mixto de Locumba, donde se decidirá el futuro legal de la licitación. Los agricultores han advertido que responsabilizarán directamente a la municipalidad provincial si este proyecto vital para su supervivencia llega a paralizarse.
