Durante tres horas ante el Tribunal Oral de Arica, declaró ayer uno de los testigos claves de la investigación del Ministerio Público por fraude al fisco en contra del alcalde de Arica, Carlos Valcarce Medina (RN), y por estafa en contra del empresario Alfredo Navarrete Gutiérrez y su representante legal Carlos Herrera Guerra, tras constatar estos ilícitos en el pago de 93 millones de pesos al contratista por 4 contratos de aseo y ornato.
En la primera jornada del juicio oral en contra de los tres imputados, el ex jefe de la Asesoría Jurídica Municipal, Mauricio Pontino Cortés, ratificó la tesis de la Fiscalía. En este sentido, aseguró que el giro de 93 millones de pesos de una cuenta de factoring en el banco BCI autorizado por el jefe comunal en mayo de 2005, no cumplió con los procedimientos legales internos municipales para que fuese pagada esa suman al contratista Alfredo Navarrete.
El abogado reconoció que tomó conocimiento de esta deuda, pese a que el contratista sostiene que estaba vigente desde el año 2004, sólo a través de un correo electrónico enviado por el BCI al municipio en mayo de 2005, en el que se explicitaba el monto de la tasa de interés que aplicaría al giro de este dinero y que el 9 de mayo habían cursado el primer pago al contratista Alfredo Navarrete.
Pontino expuso que fue sorprendido por esta comunicación electrónica, dado que pese a participar en los comités de estudio sobre licitaciones de contratos, nunca se abordó en ellos que existía una deuda pendiente por cuatro contratos de aseo y ornato ejecutados el 2004 con el empresario Alfredo Navarrete y que serían pagados bajo esta modalidad.
El ex asesor jurídico municipal explicó que para haber girado los dineros, debió existir un registro del decreto de pago y de la adjudicación del contrato con el empresario en la Unidad de Control Municipal. Tras hacer estas consultas a esa repartición, el profesional junto a los otros 4 abogados que integraban la Asesoría Jurídica Municipal, establecieron que no había ningún antecedente que respaldara la existencia de la deuda en la contabilidad, ni en el presupuesto municipal.
Al no hallar documentación que validara legalmente el pago, Pontino reconoció que junto a los otros 4 abogados el 16 de mayo de 2005 estamparon una denuncia ante el Ministerio Público, sin especificar los posibles responsables de este pago irregular.
Mientras declaraba el contralor municipal, Arturo Butrón, la jueza presidenta de la sala judicial, Verónica Quiroz, detuvo la audiencia para reprochar a dos medios de comunicación la grabación de la declaración del testigo, esgrimiendo que ella sólo había autorizado la captación de fotografías e imágenes del juicio.
Su cuestionamiento fue respaldado por los defensores de los imputados, Eduardo Riquelme y Esteban Basaure. Tras ello, el tribunal resolvió prohibir la grabación y la reproducción literal de los testimonios, para evitar que los casi 80 testigos que restan por declarar, puedan reorientar sus declaraciones al tomar conocimiento por la prensa de estos antecedentes.
Pese a la restricción impuesta por los jueces, la presidenta de la sala aclaró que su intención "no es coartar la libertad de información de los medios de comunicación".
Para evitar incidentes en el tribunal, personal de Carabineros dispuso efectivos en el frontis del lugar y Gendarmería reforzó su dotación al interior del recinto. Por unas horas, el alcalde Carlos Valcarce estuvo acompañado del diputado independiente pro UDI, Alberto Cardemil. También al juzgado llegó una cincuentena de ex funcionarios de confianza del jefe comunal, los cuales fueron exonerados en septiembre por el alcalde suplente Waldo Sankán martínez (PPD), quien asumió el cargo luego que Valcarce quedara suspendido en su ejercicio por esta acusación.
El juicio oral contra el edil continuará mañana con las declaraciones del contralor regional de Tarapacá, Mario Quezada, quien en una fiscalización regular advirtió irregularidades en el pago al contratista. También expondrá una representante del BCI Factoring.
Para el alcalde Valcarce, la Fiscalía solicitó una condena de 3 años y 1 día de presidio, su inhabilitación especial perpetua para el cargo, además de una multa del 50 por ciento del perjuicio ocasionado al patrimonio municipal. En los casos del concesionario y su representante legal, requirió la misma pena de presidio, además de una multa de 30 UTM, la inhabilitación absoluta y perpetua de sus derechos políticos, y la prohibición para ejercer cargos públicos mientras dure la condena.
