El abogado y excongresista Alberto Quintanilla sostiene que el Ministerio Público se encuentra bajo la influencia de una «mafia enquistada» tras las recientes decisiones de Tomás Gálvez.
El exparlamentario calificó como un «grave retroceso» la decisión del fiscal Tomás Aladino Gálvez de desactivar equipos especiales de investigación en el Ministerio Público. Según Quintanilla, estas acciones tienen como objetivo evitar que se conozca la verdad y favorecer la impunidad en procesos críticos para el país.
Quintanilla manifestó su preocupación por los sucesos ocurridos el 9 de enero de 2023 en Puno. Denunció que, a casi tres años de los hechos, se han cambiado a los titulares de la investigación en ocho ocasiones, lo cual interpreta como una estrategia para asegurar la impunidad.
Asimismo, se refirió a los informes de peritaje sobre las muertes ocurridas durante el gobierno de Dina Boluarte, específicamente en Ayacucho. Según los datos citados, militares dispararon armas de guerra contra civiles a menos de 70 metros de distancia, actos que el abogado calificó como «asesinatos» y «abusos» tanto en Ayacucho como en Juliaca y Puno.
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en que Tomás Gálvez habría actuado como «juez y parte», al desactivar el organismo que precisamente lo investigaba por sus presuntas vinculaciones con el caso de «Los Cuellos Blancos». Quintanilla afirmó que esta es una clara manifestación de que la «mafia» continúa operando dentro del Ministerio Público.
Respecto a la situación de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, el excongresista advirtió que no han sido reasignados a otras fiscalías en las resoluciones recientes, lo que calificó como una evidente persecución contra ellos.
Al ser consultado sobre una posible intervención del Poder Legislativo, Quintanilla fue tajante al señalar que el Congreso es parte de lo que denominó una «dictadura criminal» y que, por lo tanto, respaldará las decisiones que favorezcan la impunidad.
Finalmente, el abogado expresó su pleno respaldo al pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, señalando que la búsqueda de la verdad por parte de diversos sectores sociales es lo único que mantiene la esperanza de cambiar la situación actual del país.
