El burgomaestre Walter Cardoza asegura que «ya quiere que lo vaquen», pero programa la sesión para los días previos al cierre de renuncias de cara a las elecciones regionales, lo cual ha sido calificado como una estrategia dilatoria por la defensa legal del promotor de la vacancia.
Luego de que la semana pasada se suspendiera una sesión extraordinaria destinada a tratar su pedido de vacancia, el alcalde rompió su silencio afirmando irónicamente: “Yo más bien quiero que de una vez me vaquen”. Sin embargo, la autoridad edil ha señalado que la nueva sesión se convocará recién para la primera semana de abril, probablemente entre el 4 y el 6 de ese mes.
La suspensión de la última sesión extraordinaria, que tenía como agenda única la vacancia, se debió a la presentación de último minuto de un pedido de adhesión. Según el abogado Néstor Pari, defensor del promotor de la vacancia, esta maniobra fue irregular, ya que el documento no cumplía con los requisitos legales, carecía de firma de abogado, no fue presentado con cinco días de anticipación y los regidores ni siquiera pudieron acceder a su contenido.
Pari fue tajante al calificar el accionar del alcalde como el de un «payaso sinvergüenza», desmintiendo que él estuviera de acuerdo con la postergación, como sugirió Cardoza. «Él lo ha hecho, lo ha leído y lo ha dado por cierto, ha levantado [la sesión] y se ha ido con su secretario general. Eso yo no puedo avalarlo», sentenció el letrado.
La fecha propuesta para la nueva sesión —abril— no sería casual. El abogado Pari advirtió que el 7 de abril es el plazo límite para que las autoridades que deseen postular al Gobierno Regional presenten su renuncia. Al programar la vacancia para el 4 o 6 de abril, el alcalde estaría buscando una «sustracción de la materia», puesto que si renuncia para postular, el proceso de vacancia perdería su finalidad administrativa.
«Nos está viendo la cara», afirmó Pari, sugiriendo que el alcalde pretende justificar su salida mediante una renuncia voluntaria para sus aspiraciones electorales en lugar de enfrentar el proceso de fiscalización.
Ante lo que consideran un atropello a los procedimientos de participación ciudadana, la defensa legal anunció una queja formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE, se buscará que el ente electoral inste a la programación inmediata de la sesión o que, de manera excepcional, envíe un veedor a Tacna para garantizar la legalidad del proceso y se planea elevar la documentación al Congreso de la República para investigar la actuación del JNE en este y otros casos similares en regiones como Puno.
