Tacna. La gestión del alcalde provincial Pascual Güisa Bravo nuevamente está en el ojo de la tormenta tras el hallazgo de la Contraloría General de la República sobre presuntas falsificaciones y «fraguado» de firmas en documentos oficiales relacionados con el proyecto de «Mejoramiento y ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana». El órgano de control advirtió que las rúbricas de varios funcionarios en actas clave no coinciden con sus registros en el Reniec, lo que sugiere un posible direccionamiento en la adjudicación de obras.
La investigación se centra en los procesos de selección para la contratación de la empresa ejecutora y la supervisora del proyecto de seguridad. Tras realizar una comparación técnica, la Contraloría detectó que las firmas de los miembros del comité especial presentan inconsistencias escandalosas.
Entre los funcionarios señalados se encuentran Juan Diego Corrales Ponce (Gerente de Ingeniería de Obras), Jesús Enrique Lombardi Álvarez y Yasmani Arohuanca Flores. En el caso de Lombardi y Arohuanca, las firmas en los documentos de integración de bases han sido calificadas como simples «garabatos» que no guardan relación alguna con sus rúbricas oficiales.
La situación se repite con el comité encargado de la empresa supervisora, donde las firmas de Carlos Gerardo Cruz, Arnold Igor Berríos Flores y Guillermo Jesús Chocano Rossi muestran diferencias abismales con sus DNI. Según documento con fecha 19 de enero al cual Radio Uno accedió, existe la sospecha de que todas las firmas en las actas de integración de bases podrían haber sido realizadas por una sola persona para simular la validez de las reuniones y acuerdos.
La gravedad de la situación habría provocado ya la primera baja en el cuerpo de funcionarios. Se informó que Guillermo Jesús Chocano Rossi habría presentado su renuncia al cargo tras enterarse de que su firma fue presuntamente fraguada en los documentos elevados a ProInversión.
Ante estas evidencias, la Contraloría ha notificado formalmente al alcalde Pascual Güisa para que adopte las acciones necesarias en defensa de los recursos de la entidad. Se le ha otorgado un plazo de tres días hábiles para responder por estas inconsistencias que comprometen la transparencia de un proyecto que involucra millones de soles.
