En respuesta a la reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de otorgar un habeas corpus a Daniel Urresti, el abogado de la familia del periodista asesinado Hugo Bustíos, Carlos Rivera, denunció que la sentencia es un «fraude» procesal diseñado tendenciosamente para favorecer a Urresti. Según el letrado, el tribunal ha incurrido en graves irregularidades jurídicas y ha vulnerado la autonomía del Poder Judicial.
Rivera sostiene que el argumento central del TC es falso. El tribunal afirma que Urresti fue condenado bajo el artículo 7 del Estatuto de Roma (aplicado retroactivamente), cuando en realidad la sentencia del Poder Judicial lo condenó explícitamente por el delito de asesinato tipificado en el Código Penal de 1924.
«El TC incorpora un dato falso… y sobre ese dato construye una argumentación para decir que se violó el principio de legalidad», explicó Rivera, detallando que la mención al Estatuto de Roma en la condena original fue meramente contextual e histórica para resaltar la naturaleza de crimen de lesa humanidad, pero no fue la base punitiva.
El abogado reveló lo que describió como una estrategia ilegal de la defensa de Urresti, denominada «ruleteo». Según Rivera, los abogados de Urresti presentaron pedidos idénticos de prescripción de forma simultánea ante el Poder Judicial y el TC en julio del año pasado.
«Es absolutamente ilegal… nosotros advertimos al TC que no se pronuncie porque había una materia pendiente de decisión en el Poder Judicial», afirmó Rivera. Al emitir el fallo, el TC habría incurrido en un «abocamiento indebido», interfiriendo en un proceso penal aún en curso en la tercera sala penal liquidadora, la cual todavía no ha resuelto el pedido de aplicación de la ley de prescripción.
Para Rivera, esta decisión no es aislada, sino que refleja un alineamiento del TC con la agenda política del Congreso. «El Tribunal Constitucional está haciendo de caja de resonancia de la agenda política del Congreso de la República», señaló, refiriéndose a las recientes leyes de prescripción y amnistía.
Advirtió que este fallo sienta un precedente nefasto que podría aplicarse a otros condenados por graves violaciones a los derechos humanos, como los miembros del Grupo Colina, bajo una interpretación que él considera «negacionista» del derecho internacional.
Ante lo que califica como un «atropellamiento» a la justicia nacional y un «portazo» a los deudos de Bustíos, Rivera anunció que el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la familia acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
«Ante la disolución de la acción de la justicia a nivel interno, lo que corresponde es acudir a una instancia supranacional», sentenció, subrayando que el caso de Hugo Bustíos era emblemático por ser el único asesinato de un periodista en zona de emergencia que había logrado una sentencia firme en el país.
