El secretario de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denunció que el fallo a favor de Daniel Urresti ignora que el asesinato de Hugo Bustíos fue un crimen de lesa humanidad y responde a una «narrativa negacionista» impulsada desde el Congreso.
Miguel Jugo, secretario de la CNDDHH, calificó de «lamentable e indignante» la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular la sentencia y ordenar la libertad de Daniel Urresti. Según Jugo, este fallo constituye un acto «inconstitucional» debido a que el Perú es signatario de convenios internacionales que establecen la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, condición que el tribunal habría omitido deliberadamente.
Para Jugo, el error fundamental del TC radica en tratar el caso Bustíos como un «delito común» o un homicidio cualquiera, ignorando el contexto de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que ocurrían en Ayacucho en 1988. «No fue una situación donde una persona disparó a otra en la calle; era una zona de conflicto tomada por las Fuerzas Armadas donde se producían torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales», enfatizó el representante de la CNDDHH.
Asimismo, Jugo aclaró un punto central frente a las versiones que sugieren la inocencia del exministro: «La prescripción no borra los delitos, solo limita el tiempo para perseguirlos». En ese sentido, afirmó que quienes aseguran que el TC ha declarado inocente a Urresti están mintiendo, basándose incluso en declaraciones de la propia presidenta del TC, Luz Pacheco, quien admitió la existencia del delito pese a considerarlo prescrito.
El secretario de la CNDDHH vinculó directamente esta decisión con una línea política que busca la impunidad para violadores de derechos humanos, mencionando específicamente la Ley 32107 impulsada por el congresista Fernando Rospigliosi. Según Jugo, el actual TC ha adoptado una «narrativa negacionista» que pretende negar la existencia del conflicto armado y la responsabilidad de agentes del Estado en crímenes graves.
«Estamos frente a un Tribunal Constitucional que sigue una línea política y no una constitucional», sentenció Jugo, señalando que esta postura responde a intereses de bancadas como el fujimorismo para excarcelar a responsables de crímenes de estado.
La importancia del voto disidente de Monteagudo A pesar del panorama adverso, Jugo destacó como un elemento jurídico vital el voto disidente del magistrado Manuel Monteagudo, quien se opuso a la excarcelación basándose en el concepto internacional de «Jus Cogens».
Jugo explicó que el argumento de Monteagudo, que hace un recuento detallado de por qué hechos gravísimos no pueden quedar impunes bajo tecnicismos, será fundamental cuando el caso llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). «La Corte observará sus argumentos sobre la necesidad de justicia frente a hechos de extrema gravedad, tal como se hizo en los juicios de Núremberg», concluyó, reafirmando que el Estado peruano está incurriendo en un nuevo incumplimiento de sus obligaciones internacionales.
