El abogado constitucionalista Ángel Delgado Silva analizó el complejo panorama político que atraviesa el país tras la salida de Dina Boluarte y la sucesión de mandatarios en un corto periodo. El jurista calificó la situación como una muestra evidente de la “profunda y terrible inestabilidad” generada, según dijo, por decisiones adoptadas desde el Congreso en plena etapa electoral.
Delgado cuestionó la destitución de Dina Boluarte a pocos meses de concluir su mandato, considerando que, pese a los errores de su gestión, su permanencia habría garantizado un escenario más estable de cara a las elecciones del 12 de abril. Recordó que previamente asumió José Jerí y ahora el encargo recae en José María Balcázar, en un contexto donde —según señaló— el país ha tenido nueve presidentes en diez años, una cifra que calificó de preocupante.
El constitucionalista expresó especial inquietud por el hecho de que el actual mandatario encargado pertenezca a Perú Libre, agrupación que participa activamente en la contienda electoral. A su juicio, existe el riesgo de que desde el aparato estatal —mediante programas sociales, prefecturas o recursos públicos— se pueda influir de manera indirecta en las preferencias de un electorado que, según encuestas, aún no define su voto en casi un 50%.
Asimismo, advirtió que la fragmentación en los sectores de derecha podría terminar favoreciendo a las fuerzas de izquierda. Mencionó los enfrentamientos verbales entre liderazgos como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, señalando que los insultos y acusaciones cruzadas dificultan eventuales alianzas de segunda vuelta. “Mientras un sector se divide, el otro puede cohesionarse”, sostuvo.
Respecto a una eventual injerencia directa en el resultado electoral, Delgado precisó que no se refiere a alterar votos emitidos, sino a influir previamente en el ánimo del electorado a través de decisiones gubernamentales estratégicas. Recordó antecedentes polémicos durante el gobierno de Francisco Sagasti y mencionó también el precedente de Pedro Castillo, actualmente recluido, cuya eventual liberación —mediante indulto o amnistía— podría tener impacto político.
Finalmente, el jurista enfatizó que la prioridad inmediata del Ejecutivo debería centrarse en atender los efectos del fenómeno de El Niño en el sur del país y frenar el avance de la delincuencia. No obstante, insistió en que el verdadero “juego político” podría estar desarrollándose tras bambalinas. “Estamos hablando de presidentes encargados cuando deberíamos debatir quién gobernará el Perú los próximos cinco años. Esa es la tragedia nacional”, concluyó.
