Mientras el reloj electoral avanza hacia las elecciones municipales y regionales, un escándalo sacude al distrito de Ilabaya. Lo que debía ser una verificación rutinaria de domicilio, entre el 12 y el 16 de marzo, se convirtió en el hallazgo de una “población invisible”. De las 1,902 viviendas fiscalizadas por los agentes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), los resultados son alarmantes: 1,183 personas simplemente no viven donde declaran residir.
Lo más grave. En 18 casos, las direcciones consignadas ni siquiera existen en el mapa físico de Ilabaya. Estamos hablando de que solo el 28% de los ciudadanos verificados cumple con la ley. El resto, una mayoría de más de 1,200 personas, habría incurrido en la clasificación “B” (al no constatarse la residencia) y “C” (al consignar una dirección inexistente).
En consulta de Radio Uno, el encargado de Reniec Tacna, David Bernal Gonzales, explicó que esta verificación domiciliaria responde a un incremento de cambios de domicilio hacia la jurisdicción de Ilabaya.
Así, según el Observatorio para la Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, se registra un crecimiento significativo del padrón electoral en los últimos veinte años. De acuerdo con este cuadro estadístico, en las elecciones municipales y regionales de 2022 Ilabaya contaba con 4,240 electores; sin embargo, según el reciente padrón publicado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para los comicios de este año, votarán 5,833 personas. Es decir, en menos de cuatro años se sumaron 1,593 nuevos electores a la población de Ilabaya.
Un dato del portal de la ONPE señala que, en Tacna, durante 2025 se registraron 15,023 cambios de domicilio, de los cuales 1,902 se habrían realizado en Ilabaya. El abogado Néstor Pari, especialista en temas electorales, señala que «esta es una mala práctica recurrente en municipalidades que reciben grandes cantidades de presupuesto por concepto de canon minero, así como en distritos alejados de la capital provincial».
En ese sentido, de acuerdo con un cuadro elaborado por el especialista Robert Perca, desde 2023 hasta la fecha, Ilabaya ha recibido S/ 525,692,036.42, sin considerar la segunda transferencia de canon minero y parte de las regalías mineras, convirtiéndose así en una de las municipalidades con mayor presupuesto en toda la región Tacna.
En las últimas semanas, decenas de personas abarrotaron las instalaciones del Reniec. En un primer momento, se creyó que se trataba del recojo de DNI a última hora para participar en las elecciones generales; sin embargo, coincide con que el pasado 7 de abril era el último día para realizar cambio de domicilio con miras a las elecciones municipales de octubre de este año. En ese contexto, un dato del portal de la ONPE señala que, en Tacna, durante 2025 se registraron 15,023 cambios de domicilio, de los cuales 1,902 se habrían realizado en Ilabaya.
La Resolución Sub Directoral N° 000003-2026/DRE/SDPEG/Reniec (Lista de observados), en su artículo primero, señala: “Disponer la restitución al domicilio inmediato anterior en el padrón electoral donde se encontraban registrados los 1,201 ciudadanos mencionados en el Cuadro N.° 03 de la presente resolución”. Asimismo, en su segundo artículo, precisa que pueden interponer el recurso administrativo que consideren conveniente.
Según César Escobar, alcalde del centro poblado de Cambaya, en la lista de ciudadanos comprendidos en la resolución del Reniec figuran trabajadores y funcionarios de confianza de la actual gestión, entre ellos el gerente municipal, Werner Oviedo Condori; gerente de Inversiones y Desarrollo Urbano, Raúl Platero Mamani; gerente de Desarrollo Social, Américo Giancarlo Paredes Sánchez; jefe de la Unidad de Recursos Humanos, José Luis Lupaca Calizaya; subgerente de Supervisión de Inversiones, Carlos José Beltrán Pérez; subgerente de Planeamiento Urbano Rural y Gestión de Riesgo de Desastres, Rodolfo Edwin Flores Zúñiga; subgerente de Estudios, José Carlos Torres Venegas; subgerente de Desarrollo Económico Local, Priscila Sarai Villanueva Vargas; subgerente de Servicios Locales, Yannela Dayanna Huarachi Núñez; entre otros servidores, trabajadores y obreros de la Municipalidad Distrital de Ilabaya.
Otro hecho que no pasó desapercibido es el repentino movimiento de ciudadanos en los juzgados de paz de Ilabaya y en el centro poblado de Cambaya. Alertados por la resolución del Reniec, acudieron a estas oficinas con la intención de obtener constancias domiciliarias que les permitan acreditar residencia en el distrito.
En un video grabado por el burgomaestre de Cambaya, se observa a una servidora municipal afirmar que le habrían solicitado «actualizar los datos», sin precisar quién habría emitido la orden. Por su parte, el Frente de Defensa de Ilabaya presentó una solicitud al juez de paz del distrito, Sabino Cutipa Mamani, para que se abstenga de emitir certificados domiciliarios. Ante esta situación, Radio Uno conversó con él para conocer si los hechos registrados en Cambaya también ocurrieron en su despacho.
“El Frente de Defensa ha tomado una mala decisión. Primero, deben saber que los jueces de paz no emitimos certificados domiciliarios, sino constancias domiciliarias, que son documentos distintos. En este caso, puedo señalar que no se ha emitido ningún certificado, porque no somos competentes”, afirmó.
Asimismo, indicó que a su despacho llegaron alrededor de 30 solicitudes, las cuales fueron evaluadas. “En esos casos no fue posible emitir certificados, pero sí se certificaron declaraciones juradas. Aproximadamente 60 personas firmaron aquí, y yo solo doy fe de la firma que realizan frente a mi persona”, explicó a la vez de mencionar que los solicitantes declararon bajo juramento su domicilio conforme a lo consignado en su DNI. “Ellos declaran bajo juramento sus domicilios; yo no avalo el contenido, solo certifico la firma. Si alguien miente en su declaración, se somete a las normas del Código Penal”, precisó.
Finalmente, sostuvo que nadie puede coaccionar su labor. “He conversado con ellos y les he explicado las razones por las cuales no se pueden emitir certificados domiciliarios”, concluyó.
Ante las presuntas irregularidades en los cambios de domicilio, buscamos a las personas involucradas, pero no fue posible ubicarlas.
Mencionar, que en el trámite de cambio de domicilio, se detectó que en muchos casos la dirección consignada era genérica o incompleta. Como ya se señaló, la lista de ciudadanos que recientemente cambiaron de domicilio alcanza incluso a altos funcionarios de la Municipalidad de Ilabaya. Solicitamos sus descargos e insistimos en entrevistar al gerente municipal y a otros funcionarios; sin embargo, no obtuvimos respuesta. Desde el área de imagen institucional se propuso, en cambio, entrevistar al gerente de Desarrollo Social y a la subgerente de Desarrollo Económico.
Mientras ambos funcionarios alegan errores de filtro y arraigo familiar, la autoridad electoral es clara: no fueron hallados en los domicilios que consignaron bajo juramento.
Por su parte, el alcalde del centro poblado de Mirave, Iván Quispe Mamani, solicita una depuración del padrón electoral, ya que —según afirma— también se habría incluido a pobladores foráneos que nadie conoce.
Personal de Reniec también llegó al anexo de Chejaya donde se habría quintuplicado su población en el último año. En el lugar, conversamos con el poblador Julián Alvarado, quien relató que, al consultar el personal por diversos nombres, la respuesta fue reiterativa: nadie los conocía. Un hecho similar se registró en el centro poblado de Cambaya, donde se identificó a 150 personas que, según el propio alcalde César Escobar, no son reconocidas por los pobladores.
La resolución de Reniec no solo ordena el retorno de estos ciudadanos a sus distritos de origen, que en muchos casos corresponden al distrito de Ciudad Nueva y Gregorio Albarracin, sino que envía un mensaje claro: el sistema de verificación domiciliaria ha detectado un posible fraude antes de las alecciones municipales y regionales.
La historia de Ilabaya refleja una práctica que también se repite en zonas altoandinas, donde el voto puede convertirse en mercancía. El Ministerio Público tiene ahora la tarea de determinar quiénes estarían detrás de este presunto traslado irregular de electores que pone en riesgo la voluntad popular en Ilabaya.
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