El presidente de la Junta de Fiscales, Walter Goyzueta Neira, anunció un despliegue de 80 fiscales, con especial énfasis en comunidades altoandinas y zonas periféricas para garantizar el derecho al sufragio.
Explicó que, tras realizar una coordinación previa con la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), se ha identificado que el «acta 900» será empleada en sectores específicos como las comunidades altoandinas, Boca del Río, La Yarada Los Palos y Toquepala .
“Nosotros vamos a poner ahí especial énfasis para ver cómo votan los electores y darle todas las garantías a los ciudadanos”, enfatizó la autoridad fiscal, señalando que la intención es mantener una presencia activa que disuada cualquier irregularidad y brinde seguridad al votante en estas zonas estratégicas .
En el marco de la segunda vuelta electoral a desarrollarse este domingo 7 de junio, Walter Goyzueta confirmó que la institución ha desplegado un contingente fiscal en los 124 locales de votación del departamento cuyo operativo preventivo está bajo la dirección de Rodolfo De Amat, quien coordinará con fiscales penales y especializados que actúan en apoyo para prevenir delitos electorales.
Finalmente, reafirmó que la prioridad absoluta es la protección del derecho constitucional al sufragio. En ese sentido, recordó que incluso las personas que cuentan con requisitorias o deudas con la justicia tienen derecho a votar, y que las autoridades policiales solo podrían intervenir fuera de los locales de votación una vez que el ciudadano haya cumplido con su deber cívico .
«Si le impiden el derecho a votar, indudablemente se está cometiendo un delito», sentenció el titular del Ministerio Público en Tacna.
Mencionar que, las actas serie 900 han cobrado relevancia tras la primera vuelta presidencial debido a cuestionamientos sin pruebas contundentes de algunos actos políticos sobre los resultados registrados en mesas ubicadas en zonas rurales y alejadas. La ONPE sostiene que forman parte del sistema electoral regular, pero la controversia ha motivado una mayor supervisión por parte de la Fiscalía para garantizar la transparencia del proceso electoral.
