El congresista y senador electo por Juntos por el Perú (JP), Jaime Quito, dio a conocer el plenario nacional realizado este fin de semana por JP donde se anunció la conformación de un Frente Social con el objetivo de defender el voto popular frente a las presuntas irregularidades detectadas durante el reciente proceso electoral.
«La suma de irregularidades que se han visto van configurando, pues, un probable fraude», aseveró en conversación con Radio Uno de Tacna.
Según explicó el legislador, la decisión fue adoptada por la organización política luego de identificar una serie de anomalías que, a su criterio, generan dudas sobre la transparencia de los comicios y requieren una revisión por parte de las autoridades competentes.
Durante su intervención, Quito cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) por haber realizado modificaciones en el procedimiento electoral pocos días antes de la segunda vuelta.
El parlamentario señaló que, mientras en la primera vuelta las actas provenientes del extranjero eran digitalizadas y remitidas electrónicamente desde las embajadas, en la segunda vuelta se optó por trasladarlas físicamente mediante valijas diplomáticas.
“En la primera vuelta se digitalizaba y se enviaba. En la segunda vuelta cambiaron las reglas y eso ha demorado tres días; no se sabe cómo ha sido la cadena de custodia”, manifestó.
Asimismo, sostuvo que la normativa electoral impide efectuar este tipo de cambios sin una anticipación mínima de un año.
Quito informó también que el equipo legal de Juntos por el Perú se encuentra recopilando documentación y evidencia relacionada con presuntas irregularidades estadísticas detectadas en diversos distritos de Lima Metropolitana.
“Existen clonaciones en los resultados de cerca de mil mesas en algunos distritos de la capital”, afirmó el legislador, quien indicó que estos elementos serán puestos a disposición del JNE para solicitar una investigación y un pronunciamiento oficial.
Respecto al escenario político que se configurará en el nuevo Congreso, el senador electo señaló la necesidad de establecer canales de diálogo con otros sectores representados por figuras como Ricardo Belmont y Jorge López Chao.
Indicó que el propósito es construir una fuerza parlamentaria capaz de frenar la aprobación de iniciativas legislativas que, según dijo, se aprueban “de espaldas a la población” y favorecen intereses ajenos a las demandas ciudadanas.
Durante sus declaraciones, Quito también cuestionó la Ley 32645, a la que calificó como una norma “con nombre propio”. Según afirmó, la medida estaría orientada a impedir que la fiscal Delia Espinoza pueda asumir el decanato del Colegio de Abogados de Lima debido a una inhabilitación aprobada previamente por el Congreso.
Finalmente, expresó dudas respecto a las propuestas impulsadas por Rafael López Aliaga en el ámbito político nacional, señalando que sus acciones suelen beneficiar a determinados grupos empresariales.
Por ahora, Juntos por el Perú continúa recopilando información y elementos de prueba para sustentar las denuncias que prevé presentar ante las autoridades electorales correspondientes.
