El Gobierno promulgó la Ley N.° 32709, que oficializa la creación de la Universidad Nacional Intercultural de Tacna (UNITAC), una nueva institución pública de educación superior que tendrá su sede en el distrito de Pocollay y buscará ampliar la oferta universitaria para los egresados de secundaria de la región.
De acuerdo con la norma, la universidad se ubicará en un terreno de aproximadamente 10 hectáreas en el sector Arunta, predio que actualmente se encuentra en proceso de saneamiento físico-legal.
La UNITAC iniciará su funcionamiento con una oferta académica de 16 carreras profesionales, entre ellas Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería en Recursos Hídricos y Sanitaria, Ingeniería Agropecuaria y Ambiental, Medicina, Enfermería, Odontología, Salud Pública, Derecho, Psicología y Educación Intercultural, entre otras.
El congresista Isaac Mita, impulsor de la iniciativa legislativa, destacó que la creación de la universidad permitirá ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior pública para los jóvenes de la región. En la misma línea, el vicepresidente de la comisión gestora, Óscar Mamani, sostuvo que la nueva casa de estudios no busca reemplazar ni competir con la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, sino atender la demanda de miles de estudiantes que cada año no logran acceder a una vacante en una universidad pública.
Respecto al financiamiento, la ley establece que la universidad contará con recursos provenientes del Tesoro Público, asignaciones que se gestionen ante el Ministerio de Economía y Finanzas, donaciones y recursos del canon minero, cuya distribución deberá adecuarse a la nueva realidad de la educación superior pública en la región.
«Cualquier autoridad debe reconocer que la educación es el único camino para mejorar las condiciones de vida y la competitividad del país», expresó Mita.
No obstante, precisaron que el inicio de actividades académicas no será inmediato. Antes deberá conformarse una Comisión Organizadora designada por el Ministerio de Educación, la cual tendrá a su cargo la implementación institucional y el proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Según estimaciones de la comisión gestora, la construcción de la infraestructura, la contratación de personal y el cumplimiento de los requisitos para obtener el licenciamiento institucional demandarán entre tres y cuatro años.
La promulgación de la ley ha generado expectativas en diversos sectores de la región. Mientras sus promotores consideran que fortalecerá el acceso a la educación superior pública, especialistas han señalado la importancia de garantizar el financiamiento, la calidad académica y el desarrollo de la investigación para asegurar la sostenibilidad del nuevo proyecto universitario.
