Decisión fue adoptada por el Poder Judicial, ente que comunicó que los detenidos durante el estado de emergencia decretado en Espinar y los que resulten de la movilización en Cajamarca, serán procesados en Ica y Lambayeque. Medida se adoptó para coordinar acciones eficaces de defensa del orden y la legalidad. Poder Judicial garantizó el debido proceso para los detenidos, entre ellos el alcalde de Espinar, Óscar Mollohuanca.
En tanto en Espinar continúan protestas e indignación de manifestantes
Tras una reunión sostenida la noche de ayer entre el presidente del Poder Judicial, César San Martín, el fiscal de la Nación, José Peláez el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor y el titular del Interior, Wilver Calle, se determinó que los detenidos en zonas de emergencia sean cambiados de jurisdicción para ser procesados en otros distritos judiciales y se dispuso que las zonas sean Ica y Lambayeque.
La medida fue adoptada con la finalidad de coordinar acciones eficaces de defensa del orden y legalidad y tras la cita, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) dictó la Resolución Administrativa 096 – 2012 – CE – PJ, que dispuso que las conductas delictivas que se investigan a raíz de la convulsión social en Cusco y Cajamarca, serán de conocimiento de órganos jurisdiccionales que tendrán competencia supra provincial.
De ese modo, el Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria, el Primer Juzgado Penal Unipersonal, el Juzgado Penal Colegiado y la Sala Penal de Apelaciones, con sede en Ica –Distrito Judicial del mismo nombre– ampliarán su competencia territorial a la región del Cusco.
Esta disposición alcanzar inclusive al alcalde de Espinar, quien fue conducido a la ciudad de Ica, donde será procesado por los desmanes ocasionados en su provincia. Asimismo, el Primer Juzgado de la Investigación Preparatoria, el Primer Juzgado Penal Unipersonal, Juzgado Penal Colegiado y la Sala Penal de Apelaciones con sede en Chiclayo, Distrito Judicial de Lambayeque, tendrán competencia territorial además en la región Cajamarca.
En uno de los considerandos de la citada resolución, el CEPJ indica que “el Estado está en la obligación, pese a las dificultades registradas en Cusco y Cajamarca, de garantizar el debido funcionamiento de los órganos jurisdiccionales y el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”
Además, “garantiza los derechos en el proceso penal correspondiente a las personas que fueren detenidas, investigadas, procesadas y juzgadas por la presunta comisión de alguna conducta delictiva perpetrada”.
