El Consejo Regional de Tacna aprobó este miércoles 2 el proyecto de mejoramiento del servicio de agua potable para el sector 7 de Gregorio Albarracín, en medio de advertencias de posesionarios de Valle 2000 sobre un posible favorecimiento a la ocupación informal de terrenos en el cerro Chastudal.
La propuesta fue aprobada con ocho votos a favor y dos en contra y continuará con el trámite para la elaboración del expediente técnico.
Genaro Nieto, productor y posesionario de Valle 2000, indicó que el proyecto contempla extraer agua de dos pozos, será impulsado mediante tuberías que atravesarán la asociación hasta un reservorio proyectado en la parte alta del cerro Chastudal. Desde allí, el agua sería distribuida por gravedad hacia Pampa Colorada y otros sectores de Gregorio Albarracín.
Aclaró que los agricultores no se oponen a la ejecución de la obra y reconoció la importancia de ampliar el acceso al agua potable. Sin embargo, alertó que la infraestructura podría generar un efecto indirecto sobre terrenos ubicados en el cerro Chastudal. Según denunció, presuntos traficantes de terrenos habrían parcelado e inscrito cuatro asociaciones ante Registros Públicos, en un área aproximada de 80 hectáreas.
“Lo que están esperando es que se haga el anuncio de la aprobación de este proyecto (…) para que puedan tomar posesión del terreno”, sostuvo Nieto ante el pleno regional.
El dirigente consideró que llevar agua hacia una zona que aún no estaría consolidada podría incentivar nuevas ocupaciones y la valorización informal de terrenos.
Los posesionarios señalaron que desde el 12 de junio vienen solicitando información sobre el trazo y los aspectos técnicos del proyecto. Nieto cuestionó además que durante el debate un consejero atribuyera la oposición de los agricultores a un supuesto sentimiento de “envidia”. El dirigente rechazó esa afirmación y sostuvo que el problema ha generado tensión entre los sectores de Valle Nuevo, Pampa Colorada y Chastudal.
Los representantes de Valle 2000 pidieron que, antes de continuar con la ejecución del proyecto, las autoridades evalúen la situación legal de los terrenos involucrados.
