El proyecto de Ley de Presupuesto General de la República para el año 2027 presenta una distribución de recursos que no respondería a las principales necesidades del país, advirtió el analista Washington Zeballos, quien calificó como una “paradoja” que se incremente el gasto destinado a Defensa mientras se reducen partidas vinculadas con seguridad ciudadana y bienestar social.
Zeballos cuestionó que, pese a que el Gobierno ha señalado que la seguridad ciudadana constituye una de sus principales prioridades, el presupuesto para orden público y seguridad disminuiría en 3.3 % respecto al año vigente.
En contraste, el sector Defensa y Seguridad Nacional registra un incremento de alrededor del 25 %. Para el analista, esta distribución no guarda relación con la actual situación de violencia que afecta al país.
“En un país con casi 10 millones de pobres, estamos destinando presupuesto a este tipo de equipamiento militar”, cuestionó Zeballos, quien consideró que parte de esos recursos podría ser destinada a fortalecer al Ministerio del Interior, especialmente en labores de inteligencia y lucha contra la delincuencia.
El especialista también alertó sobre las reducciones previstas en diversos sectores. Según su análisis del proyecto presupuestal, Vivienda y Desarrollo Urbano tendría una disminución de 32 %, mientras que Saneamiento sufriría un recorte de 30.1 %.
También se contemplan reducciones en Trabajo (-25 %), Salud (-2.1 %), Agricultura (-1 %) y Medio Ambiente (-0.7 %). En Educación, el incremento sería de apenas 0.7 %.
En contraste, Transporte registra un aumento de 16.5 %, mientras que Protección Social tendría un incremento de 16.9 %, principalmente para programas destinados a la atención de población vulnerable.
Si bien Zeballos consideró positivo ampliar la cobertura de los programas sociales, sostuvo que estos constituyen medidas paliativas y no resuelven los problemas estructurales que enfrenta el país.
Otro de los aspectos observados por el analista es la distribución territorial de los recursos. Según sus cifras, el Gobierno Nacional concentraría el 62 % del presupuesto, mientras que los gobiernos regionales recibirían el 22 % y los gobiernos locales apenas el 15 %.
El proyecto de presupuesto se encuentra ahora en manos del Congreso de la República, que deberá evaluar su aprobación y los posibles cambios en la distribución de los recursos. El plazo legal para aprobar la Ley de Presupuesto vence el 30 de noviembre.
