El abogado César Pino Vargas, exasesor legal de la Dirección Regional de Educación de Tacna (DRET) durante la gestión transitoria del profesor Javier Rómulo Quispe Cruz, dio cuenta de presuntas irregularidades administrativas y financieras detectadas en la DRET y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Según explicó, las inspecciones realizadas por un equipo multidisciplinario evidenciaron demoras en procesos disciplinarios, pagos duplicados, cuestionamientos a designaciones y deficiencias en el control del personal y los bienes públicos.
DRET
En la sede regional, Pino Vargas señaló que al cierre de 2025 existían obligaciones pendientes de pago por unos S/ 520 mil, debido a la falta de conformidades de servicios o documentos que acreditaran el ingreso de bienes al almacén. Sin embargo, durante 2026 se habrían aprobado pagos por aproximadamente S/ 880 mil por conceptos relacionados, lo que dejaría una diferencia de S/ 360 mil pendiente de aclaración. Esta situación se habría presentado mientras la entidad afrontaba limitaciones en el abastecimiento de insumos básicos y combustible.
También cuestionó designaciones realizadas durante la gestión del director regional Yuri Mejía. Una corresponde a la jefatura de Recursos Humanos, a cargo de la abogada Carmen Toala, quien, según indicó, no cumpliría con los dos años de experiencia específica exigidos para el puesto. El otro caso es el de la jefatura de la Unidad de Planificación, Presupuesto, Modernización e Inversiones (UPPMI), asumida por un funcionario de apellido Julca Poma, quien presuntamente tenía una sanción vigente al momento de su designación.
UGELs
En la UGEL Tacna, dirigida de manera encargada por el profesor Julio Tapia Calizaya, la fiscalización del 23 de septiembre identificó 19 expedientes disciplinarios pendientes de resolución, algunos desde 2024.
Según Pino Vargas, entre los casos figuran docentes y directivos separados preventivamente que continuarían cobrando sus remuneraciones, mientras sus plazas son cubiertas por otros trabajadores. Esta situación habría generado un presunto perjuicio económico cercano a los S/ 800 mil para el Estado.
Asimismo, cuestionó la designación de Óscar Villanueva Zavala como jefe de Administración en 2024, al señalar que registraría una sentencia de inhabilitación relacionada con un caso de negociación incompatible. También mencionó observaciones en el proceso de reasignación docente.
Durante la inspección, la comisión encontró vehículos oficiales inoperativos y una camioneta blanca de placa Z8X-918, registrada como alquilada. Según el abogado, la unidad desapareció de la cochera durante la diligencia, después de que se tomaran fotografías.
Las consultas preliminares habrían identificado como propietarios a Percy Hernán Gil Valdés y Rubí Dariela Loza de Gil, quienes tendrían presuntos vínculos familiares con funcionarias del Gobierno Regional de Tacna. Además, no se habría entregado la documentación solicitada sobre el alquiler del vehículo, por lo que se planteó esclarecer su propiedad, contratación y uso.
Otro cuestionamiento estuvo relacionado con los viajes a Lima del asesor legal Iván Liendo y la administradora de la UGEL, cuyos pasajes aéreos y viáticos se habrían tramitado el mismo día. Según Pino Vargas, esta situación contravendría las disposiciones de austeridad que priorizan el transporte terrestre, salvo excepciones justificadas.
Los viajes tenían como finalidad realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas por una supuesta deuda judicializada de S/ 9 millones con EsSalud. Sin embargo, indicó que una administración regional anterior había rechazado una autorización vinculada a este trámite por considerar que no contaba con suficiente sustento legal.
Las supervisiones realizadas el 16 de septiembre en las UGEL de Jorge Basadre, Candarave y Tarata también habrían identificado deficiencias en el control del personal y la administración de recursos públicos.
En la UGEL Jorge Basadre, el equipo fiscalizador advirtió presuntas fallas en el control del reloj marcador, con registros de ingreso y salida de trabajadores que no contarían con una fiscalización adecuada.
En la UGEL Candarave, se reportó que dos especialistas marcaron su ingreso durante la mañana, pero posteriormente se habrían ausentado de sus puestos de trabajo. Además, se consignaron reportes sobre un presunto estado de ebriedad y justificaciones que, según la comisión, no se encontrarían debidamente sustentadas.
En la UGEL Tarata, las observaciones comprendieron el presunto uso irregular de una camioneta institucional, que habría sido trasladada a Tacna por terceros no autorizados ante la ausencia de un chofer oficial. También se cuestionó la falta de transparencia en el manejo de la caja chica y la autorización de 20 horas semanales de permiso permanente a una trabajadora de servicio que ejerce como regidora municipal, sin que se hubiera presentado, según lo reportado, una justificación formal suficiente.
Pino Vargas finalizó indicando que las actas y los documentos obtenidos durante las supervisiones fueron remitidos a la Gerencia Regional de Control Interno, a la Procuraduría Pública Anticorrupción y al Ministerio de Educación. Asimismo, se anunció que la documentación sería puesta en conocimiento de instancias parlamentarias para su seguimiento.
